Hasta hace pocos meses la corrupción podía interpretarse como una pujante industria en el país para unos cuantos, y aunque todavía es prematuro afirmar que eso ha cambiado, las últimas acciones emprendidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala albergan esperanzas de que eso puede cambiar.

Muchos de los casos que fueron motivo de profusas denuncias y encausamiento judicial han terminado en un fiasco y con escasos resultados para recuperar millones de quetzales que funcionarios inmorales sustrajeron del Estado y en algunos casos incluso se llegaron a clausurar procesos, pese a ser millonaria la defraudación.

Esa cadena de abusos, que agrupa delitos como la estafa, malversación, fraude, evasión y corrupción, tuvo su punto culminante con la llegada al poder de los principales integrantes del Partido Patriota, que abochornaron la función pública para convertir la mayoría de las instituciones y a quienes les acompañaron en altos cargos en una fuente de enriquecimiento ilícito.

Por lo menos en lo que va de este siglo se puede cuantificar ese latrocinio en más de cuatro mil millones de quetzales, la mayoría de ellos de esos fondos irrecuperables porque existen pocos rastros de esas fechorías o porque algunos cayeron en manos de una justicia venal y los procesos fueron cerrados y muchos otros continúan entrampados, sin que el Estado pueda recuperar cantidades millonarias.

Sin embargo, ese estado de cosas podría empezar a cambiar, pues a raíz de los casos de corrupción descubiertos a partir de abril de 2015, la investigación criminal ha sido más sólida y con el simple funcionamiento de unas cuantas piezas del Organismo Judicial la batalla contra la corrupción puede iniciar una nueva ruta de dignificación.

Algunas circunstancias han cambiado, y ahora, con la Ley de Extinción de Dominio, también han prosperado embargos y expropiación de bienes a ex funcionarios y otros criminales. Solo a los exgobernantes Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y varios de sus colaboradores se les han quitado más de 40 fincas y más de 40 millones de quetzales que en los próximos días quedarán en poder de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio.

Ese procedimiento y el encausamiento por enriquecimiento ilícito contra muchos de los encartados deberían ser motivo suficiente para que ese latrocinio termine, porque todavía hay muchos funcionarios, exfuncionarios, empresarios y otros dignatarios que tendrían serias dificultades para justificar los bienes que actualmente poseen.

Ese modelo de persecución criminal puede hacer la diferencia entre lo que sucedía hasta hace muy poco en Guatemala y lo que acontece ahora, donde prevalece un claro mensaje en contra de la impunidad.

Cuando se observan las cifras acumuladas por casos de corrupción se atisba la dimensión del daño que las mafias políticas incrustadas en el Estado le han causado a los guatemaltecos, una vergonzosa rapiña que no debe continuar ni tolerarse.