La centralización del sector público es una característica preponderante en Guatemala, asentada en los grandes centros urbanos y particularmente en la ciudad capital. Esta centralización se ve reflejada en el gasto público y la provisión de servicios básicos, como salud, educación e infraestructura. Así, hay subsidio para el transporte urbano en la Ciudad de Guatemala, pero no lo hay para el transporte de los lugares más remotos y apartados hacia la cabecera municipal. No opino aquí sobre la idoneidad de los subsidios, solo pretendo ilustrar la centralización de recursos públicos. La cantidad de recursos que consumen hospitales nacionales como el San Juan de Dios y el Roosevelt son gigantescos en términos per cápita, en relación a los asignados a las regiones más pobres y necesitadas. En Guatemala, solo hay cuatro ciudades en las que se puede obtener un pasaporte. La centralización del sector público tiene una relación simbiótica con la centralización de la actividad económica y de la población. La descentralización es un largo y acariciado anhelo, incluso plasmado de diversas formas en la Constitución.

Estamos acostumbrados a examinar el presupuesto y gasto público desde un punto de vista ministerial; sobre el monto y proporción asignado a cada ministerio. En términos de la descentralización, el situado constitucional que se distribuye a las municipalidades se hace en base a población, de tal suerte que los municipios más poblados reciben más recursos y los menos poblados reciben una menor cantidad. Podría tomarse otra perspectiva para pensar en la asignación del gasto público, en razón de mayor necesidad, al menos respecto a salud, educación e infraestructura.

Una forma de implementarlo empezaría por determinar el ingreso promedio per cápita de cada uno de los 334 municipios e identificar la media con el numeral cero. Aquellos municipios con dos desviaciones estándar por debajo de la media, rotulados -2, recibirían una mayor proporción del presupuesto de salud, educación e infraestructura, seguido por los municipios con una desviación estándar por debajo de la media, rotulados -1. Podría proponerse que al menos el 60% del gasto en estos rubros se asignara a las municipalidades -1 y -2, las más pobres, y que dentro de las municipalidades se asignara con un criterio similar. El restante 40% del gasto, se asignaría a las municipalidades 0, el promedio, y las 1 y 2, una y dos desviaciones estándar sobre la media, respectivamente, las más ricas, siempre con el criterio de privilegiar a las más pobres. Este esquema asignaría los recursos de gasto social a los más necesitados. Por supuesto, habría que mantener algún criterio por cantidad de población, con un marcado sesgo por necesidad. Este programa podría adoptarse por una década, para estudiar sus efectos, hacer correcciones y gradualmente nivelar los sesgos, para dirigir los recursos hacía donde hay más necesidad y atender a los más pobres de manera prioritaria.

Tengo opinión informada sobre la mejor manera de usar los recursos para brindar servicios públicos, guiada por el criterio de acercar lo más posible las decisiones sobre su uso a los usuarios. Por ejemplo, en el caso de la educación, veo preferible subsidiar directamente la demanda, a las familias, por medio de vales educativos, en lugar de dar los recursos a la oferta, el Ministerio de Educación y los sindicatos de maestros. Pero eso es parte de otra discusión, aquí propongo únicamente priorizar el gasto público en materia de educación, salud e infraestructura, a los que más carecen de estas atenciones.