Hoy a las 10 de la mañana se iniciará lo que será una de las elecciones más extrañas que nos ha tocado vivir a los guatemaltecos. Y serán distintas a todo lo anterior, principalmente debido a los cambios que se hicieron a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016. En su momento advertí de los problemas que habría, pero desafortunadamente no se le puso atención a tiempo y ya el año pasado era tarde, tanto para hacer correcciones a la Ley como para las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron. Así que ahora las cartas están echadas y tendremos unas elecciones a ciegas.

Los cambios más perceptibles para el gran público tienen que ver con dos temas principales: el financiamiento electoral y la propaganda política. Lamentablemente, en las reformas a la LEPP utilizaron el mismo criterio absurdo que utilizan a cada rato en la  legislación fiscal: si hay la mínima posibilidad de que algún pícaro se aproveche de algún vericueto legal, en lugar de perseguir a esos pícaros —que generalmente son un porcentaje muy bajo— prefieren eliminar el “vericueto” y complicarle la vida con trabas y controles a la gran mayoría que son honestos y que no hubieran recurrido a “aprovecharse del vericueto”. Ese es el “principio general” que aplican en casi toda la legislación fiscal y es lo que ahora hicieron con la LEPP. Es el concepto del péndulo aplicado a la legislación: se pasaron de un extremo permisivo al otro extremo, uno controlador y autoritario, bajo la excusa de que así se evitarán los excesos del pasado.

En el caso del financiamiento electoral, lo volvieron tan complicado y temible que los políticos difícilmente encontrarán alguien que les dé dinero para su campaña, fuera de sus familiares y algunos fanáticos hard core. Pero el verdadero problema es que lo que realmente van a lograr con esos cambios es que casi no habrá financiamiento electoral lícito, especialmente en las campañas nacionales, pero, por lo menos en las campañas municipales, será el paraíso de la narcopolítica. Son las consecuencias “inesperadas” —que no son inesperadas, son lógicas, pero simplemente los que hicieron los cambios no se percataron de ellas, o no las quisieron ver— de hacer cambios sin reflexionar en todas las consecuencias que tendrán.

Pero lo que sí de seguro todos notarán es la propaganda política. Y lo que más van a notar es su inexistencia. El proceso electoral estará marcado por muy escasa propaganda política, ya que la mayoría de medios, especialmente los principales y de mayor alcance, no quisieron participar en el nuevo proceso de propaganda política, debido a lo draconianas de algunas de sus condiciones, sanciones y obligaciones, aunadas a reglas nada claras, en donde la libertad y la propiedad de todos los involucrados depende de la discrecionalidad de algún funcionario del Tribunal Supremo Electoral. Por si eso no fuera suficiente, a todos los tributarios nos obligan a pagar la propaganda electoral, hasta la de partidos con los cuales estemos completamente en desacuerdo con sus propuestas.

Tan ambiguas dejaron las reglas, que ni siquiera queda completamente claro si, por ejemplo, una entrevista a un candidato político en un medio de comunicación se puede considerar un proceso “informativo” o un “financiamiento electoral no registrado”; es decir, un delito.
Algunos creen que esto es mucho mejor porque no tendrán la “contaminación de la campaña”, pero el resultado final será la elección más al azar de todos los tiempos, porque la ciudadanía no va a tener oportunidad de conocer a los candidatos ni mucho menos sus propuestas. Será una elección a ciegas.