Uno de los puntos más complicados y molestos de los problemas ocasionados por las decisiones políticas de restricciones alrededor del covid-19, es la asimetría de la población versus los funcionarios y empleados del gobierno. Los trabajadores pierden sus empleos, los emprendedores pierden sus negocios, las empresas quiebran, mientras que los burócratas y los funcionarios continúan recibiendo sus ingresos tranquilamente, vayan o no vayan a trabajar. El caso de Guatemala es uno de los más escandalosos, ya que, en plena crisis, el gobierno pidió, y el Congreso le aprobó, fondos para mil cosas ajenas al covid-19, incluyendo hasta aumentos de sueldos para muchos burócratas.

No es de extrañar que sean muchos burócratas o, por ejemplo, los funcionarios de la San Carlos quienes pidan que se haga una cuarentena total más tiempo. Claro, como ellos igual van a recibir sus transferencias a fin de mes, trabajen o no, pues ¿por qué no seguir encerrados todo el año? Si fueran congruentes y se pusieran del lado de los que no laboramos para el gobierno, deberían decir que siga el encierro, pero que a ellos no se les pague sueldo, o solo se les dé lo mismo que se le está dando a los trabajadores suspendidos, mientras dure el encierro. Pero eso, con pocas excepciones —como lo hicieron, por ejemplo, trabajadores de la SIB—, difícilmente lo veremos. Antes bien, algunos hasta tienen el descaro de pedir un “bono de riesgo”.

Qué diferencia y buen ejemplo el que están dando en Ecuador. El presidente, Lenín Moreno, anunció este lunes la eliminación de siete compañías públicas, por la crisis del covid-19. Además, ha señalado que, tras perder más de USD400 millones durante los últimos cinco años, la aerolínea nacional Tame entrará en liquidación, preservando solo las rutas en lugares que no tengan alternativas de empresas privadas.

Desde el principio de su gobierno, Moreno ha eliminado 43 ministerios e instituciones, y ahora eliminarán y fusionarán 10 más. Además, las que no se eliminen reducirán “sustancialmente” sus gastos. Moreno estimó que 150 mil ecuatorianos han perdido su trabajo.

En una medida que por lo menos me parece consistente con el “sacrificio” que le piden los gobernantes a la población, Moreno indicó que se realizará una reducción de la jornada laboral en el sector público, de ocho a seis horas, con base de remuneración sobre el nuevo horario. Es decir, recortará la jornada laboral de los burócratas en un 25 por ciento, y recortará también sus salarios de manera proporcional. De esa manera les mantiene el pago por hora, solo que ya no van a trabajar la misma cantidad de horas.

Me parece que las decisiones que está tomando Moreno para reducir el déficit fiscal ecuatoriano son muy adecuadas y correctas. Lo más probable es que las “empresas públicas” que cerrarán fueran deficitarias e ineficientes, como suelen ser este tipo de organizaciones. La mejor decisión, especialmente en tiempos de vacas flacas, es cerrarlas. Me parece muy bien que, además, estén cerrando dependencias del gobierno y que se reduzcan, para efectos prácticos, los ingresos de todas las personas dentro de la burocracia.

Eso por lo menos hace que la carga de las decisiones de cierres relacionadas con el covid-19 sean compartidas también por los trabajadores estatales y no que se cargue solamente a los que no laboran en el gobierno. Todos los países de Latinoamérica debieran seguir el ejemplo del gobierno de Moreno.

Aun así, sigo considerando que ya no se justifica continuar con los cierres y lo mejor es que se devuelva a las personas el derecho a administrar su vida.