Desde hace unas semanas, varios grupos de transportistas se han opuesto a una nueva regulación que los obliga a instalar en camionetas, camiones y tráileres unos dispositivos que les impidan circular a más de 80 kilómetros por hora. Este es un caso interesante para entender otros abusos que se pueden dar en la administración pública, a través de las regulaciones.

En general, soy enemigo de las regulaciones, y considero que deben existir las menos posibles. Me opongo porque ponen obstáculos a las actividades que, en mayor o menor grado, evitan que todos podamos desarrollarnos más rápidamente. También porque casi siempre tienen a convertirse en una fuente de sobornos, tanto de parte de los funcionarios como de los ciudadanos afectados.

Habiendo dicho eso, pienso que de las pocas regulaciones con las que podría estar de acuerdo es una como esta de los “velocímetros”, ya que implica temas de seguridad, y de ésta pueden depender las vidas de muchas personas.

Por las presiones, esta semana aplazaron el requisito por seis meses. El reglamento establece que las empresas que provean los velocímetros deberán ser autorizadas, y estar registradas, en Provial. Estas empresas emitirán un certificado para cada vehículo en que se ha instalado el limitador. El argumento principal de los transportistas ha sido que son pocas las empresas autorizadas para instalar el equipo limitador y que, por tanto, éstas se están “aprovechando” para cobrar muy caro los equipos.

Como en toda regulación de este tipo, donde se establece la obligatoriedad de adquirir un producto o servicio, siempre existe la posibilidad de que haya quienes se aprovechen de un conocimiento previo privilegiado, para prepararse antes y estar listos para satisfacer la demanda cautiva que la regulación generará.

El mejor ejemplo de esto fue cuando pusieron la obligatoriedad de que los motoristas utilizaran un chaleco anaranjado. Se puso un plazo muy corto, de apenas un mes, para cumplir con el requisito. Lo interesante es que, al otro día de establecida la norma, ya estaba inundada la ciudad con vendedores de chalecos. Es imposible que se haya tenido el inventario para cumplir con ese requisito en tan poco tiempo, sin que algún proveedor haya tenido información privilegiada con anticipación. Esa información privilegiada brinda, a quien la posee, una ventaja sobre todos los demás potenciales proveedores, que tardarán algún tiempo en poder ofrecer el producto o servicio, tiempo que quien tenía la información anticipada aprovechará para ser el proveedor único.

Una cosa es que un empresario vea una oportunidad, y sea ágil en brindar rápidamente una solución, y otra muy distinta el que alguien, con conocimiento previo de la regulación que se va a establecer —sea porque es funcionario o socio de un funcionario—, la aproveche para su beneficio. Eso también es corrupción.

Una de las mejores formas de evitar este tipo de abusos, es que el plazo para implementar la regulación sea largo, para permitir que surjan suficientes proveedores que satisfagan la demanda artificial creada. En este caso, por ejemplo, son varios cientos de miles de vehículos a los que se les debe instalar el limitador. Si el plazo para hacerlo es muy corto, quienes sean los primeros en poder instalarlo tienen una ventaja sobre sus competidores. Si a ello se añade que el corto plazo incluye el proceso de autorización de las empresas instaladoras, no debe extrañar que se haya hecho un cuello de botella. Ampliar el período me parece una opción correcta en estas circunstancias, pero hubiera sido mejor que se tomara en cuenta desde el inicio, para evitar estos problemas.