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El cargo más codiciado de Guatemala
Ni el presidencialismo absoluto anterior a 2016, ni el “fiscalismo” absoluto posterior.
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La pregunta más importante que surge con el proceso de elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) no es quién llega, sino ¿por qué tanta pelea por un puesto? La respuesta es sencilla: todo el poder.
Cometieron la insensatez de crear un monstruo que puede devorar a cualquiera.
El fiscal general es, en la práctica, el funcionario más poderoso del Gobierno de Guatemala que, una vez instalado, no responde ante ningún control republicano ni ante nadie. Administra un presupuesto de casi Q4 mil millones anuales. Decide qué conductas se investigan, a quién se persigue y qué expedientes se archivan. Y, sobre todo —aquí está el punto central—, no puede ser removido, salvo por causales tan restrictivas que, en la práctica, equivalen a nada. Por eso se pelea con esa intensidad: quien gana obtiene cuatro años de virtual invulnerabilidad y el poder de acabar con la vida de cualquiera que ose enfrentarlo.
No siempre fue así. Antes, el cargo no tenía tanto poder porque estaba sujeto al presidente, que podía removerlo con “causa justificada” que, en la práctica, era por casi cualquier cosa. Pero en 2016, bajo presiones de la Cicig y de Todd Robinson, el Congreso modificó la Ley Orgánica del MP. Decían que era para “blindar” a Thelma Aldana, cosa que sí lograron, pero el problema fue a qué costo: crearon un monstruo que puede devorar a cualquiera —y no me refiero ni a Thelma Aldana ni a Consuelo Porras—.
Cometieron la insensatez de crear una norma hecha a la medida de una persona sin pensar en el largo plazo, con consecuencias estructurales para el país entero. Si bien es cierto que la reforma fue respaldada por un montón de tontos útiles, pienso que quienes la impulsaron lo hicieron con toda la alevosía y mala fe del caso, creyendo que “siempre” estarían en el poder y que podrían utilizar al MP para enseñorearse de todos los guatemaltecos. Afortunadamente, la jugada no les salió, pero igual nos dejaron bien clavados a todos.
Pasamos de un extremo al otro. Antes el presidente podía remover al fiscal hasta por estornudar; ahora no lo puede remover, aunque sea su principal objetivo en la vida. ¿El resultado? Un cargo de enorme poder sin contrapesos. El costo real lo pagamos todos. Cuando el fiscal no responde ante nadie, el aparato penal se convierte fácilmente en herramienta política, lo que ahora se conoce como lawfare. Cualquier ciudadano que disienta sabe que una denuncia penal puede usarse como arma. La certeza jurídica no puede depender de la bondad personal del fiscal.
Pero la solución no es elegir mejor al fiscal dentro de un mal sistema. Es imperativo corregir el catastrófico diseño en que nos metieron hace una década. La tarea más importante para el Congreso ahora debiera ser reformar de nuevo la Ley Orgánica del MP y establecer un régimen equilibrado. Ni el presidencialismo absoluto anterior a 2016 ni el “fiscalismo” absoluto posterior. Se deben establecer causales claras y objetivas de destitución, por incumplimiento grave de deberes, por negligencia manifiesta o por uso del cargo para persecución política. Y, junto con ello, métricas independientes de desempeño: tiempos de resolución, tasa efectiva de condenas sobre denuncias con mérito, transparencia en el archivo de expedientes. ¿Por qué aceptar menos rendición de cuentas de quien ejerce el poder coercitivo que de quien conduce un autobús escolar?
Mientras el diseño no cambie, cada cuatro años repetiremos la misma batalla de captura, con actores similares y peores resultados. Ningún presidente —ni Arévalo ni sus sucesores— resolverá el problema con una designación virtuosa. El factor más importante aquí son las reglas, no las personas. Se debe establecer un sistema que produzca resultados decentes, aun cuando no lo operen los mejores.
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