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El impuesto zombi

Si el efecto buscado era bajar el precio al consumidor, ¿por qué escoger el camino más caro?

El Congreso aprobó de urgencia nacional un subsidio de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, con un costo fiscal de Q2 mil millones durante 90 días. Tras más de cuatro horas de negociación, el oficialismo consiguió 115 votos. La propuesta original del Ejecutivo contemplaba Q1 mil 200 millones; el monto aprobado terminó Q800 millones más arriba. ¿Qué se “negociaría” en esa diferencia?

Cuando una cifra crece de forma súbita en una negociación política cerrada, lo mínimo que podemos tener es una sospecha racional.

La narrativa oficial sostiene que el subsidio “protege al consumidor” ante el alza internacional. La realidad es que al pobre consumidor/tributario lo quieren mantener agarrado del pescuezo y que todavía les esté eternamente agradecido a los políticos por su “generosidad”. Existía una mucho mejor alternativa: eliminar el impuesto a la distribución del petróleo (IDP), cuyo monto por galón, en el caso de las gasolinas, es comparable al del subsidio aprobado. Eliminar el impuesto habría producido el mismo efecto en el precio sin readecuación presupuestaria, sin intermediación de importadores y sin negociación legislativa a puerta cerrada. Si el efecto buscado era bajar el precio al consumidor, bastaba con eliminar el tributo. ¿Por qué escoger el camino más caro?

Porque eliminar el impuesto no les conviene a los políticos de ninguna manera. Por un lado, tendrían que renunciar a un ingreso fácil, que no les cuesta nada cobrar y que la mayoría de la gente ni se da cuenta de que lo está pagando; y, por el otro, no podrían cacarear de lo buenos que son “regalándoles” dinero a los tributarios. Lo que, por supuesto, nunca reconocerán es que, para “regalarle” ese quetzal al tributario, primero le quitaron por lo menos tres quetzales, que luego circulan por varias dependencias y muchas manos burocráticas, para que, al final, le regresen uno al ingenuo tributario que piensa que le están dando maná del cielo.

Para empezar, el IDP es inconstitucional. Que sea un impuesto zombi —técnicamente muerto, pero que se sigue moviendo— es solo porque los legisladores de la época le jugaron la vuelta a la Corte de Constitucionalidad y cometieron fraude de ley. Y a todos los políticos les conviene que continúe así: zombi e invisible. Por eso es por lo que el impuesto sigue, y sigue, y sigue… como el famoso conejito rosado de los anuncios de baterías de antaño.

Por eso los políticos se rasgan las vestiduras ante la sola mención de que hay que eliminarlo. Si no, mire a todos los funcionarios que desfilaron por el Congreso diciendo que era absurdo siquiera pensar en esa posibilidad. Y lo peor es que se salieron con la suya. Algunos diputados de la oposición propusieron esa eliminación, pero no era por principios —algo muy fácil de deducir—; solo era una herramienta de negociación. El veredicto es claro: no resistieron un cañonazo de Q800 millones, como lo denunciaron algunos diputados anteriormente cercanos al oficialismo. No afirmo esto como hecho consumado, pero sí puedo decir que, en Guatemala, cuando una cifra crece de forma súbita en una negociación política cerrada, lo mínimo que podemos tener es una sospecha racional.

El otro problema con el subsidio es que destruye la función de los precios. Estos son una señal que nos indica la relativa abundancia o escasez de un bien para que tomemos decisiones adecuadas. Pero si se baja el precio artificialmente —igual si se sube— tomaremos decisiones equivocadas. En este caso, como “va a bajar” el precio de los combustibles, entonces la gente ya no será tan precavida en usar su vehículo. Cuando el subsidio se agote —que según mis cálculos será entre los 60 y 70 días, no los 90 que ofrecieron los políticos—, regresará el precio real y las personas y las empresas tendrán menor capacidad de ajuste.

La solución correcta —eliminar el IDP y respetar la sentencia constitucional— no necesita legislación sofisticada, solo voluntad política y decencia. Por eso no la toman.

ESCRITO POR:

Jorge Jacobs

Empresario. Conductor de programas de opinión en Libertópolis. Analista del servicio Analyze. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).

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