La semana del Bicentenario estuvo más marcada por la negociación de la “Ley de Emergencia” que por el mismo Bicentenario, lo que refleja el nivel de temor con que la pandemia ha afectado a tantos. Un gran contraste con la celebración del centenario, que no fue opacada ni por la pandemia de la época ni por el terremoto, y ni siquiera por el bombardeo de la ciudad unos meses antes. Yo sí celebré el Bicentenario, una ocasión que solo se vive una vez en la vida. Pero como oficialmente estaba prohibido celebrar, el tema importante de la semana, más que el discurso del presidente en el Congreso y la no celebración del Bicentenario, es precisamente esa ley.

El decreto aprobado este lunes es un reflejo del excesivo inflacionismo legislativo de nuestro país, en el que las leyes dejan de ser normas generales, abstractas e impersonales, y pasan a ser mera legislación casuística en la que, dependiendo de cada caso concreto, los políticos negocian todo tipo de prebendas para alcanzar un consenso para regular la situación que se les presenta, que en este caso son las contrataciones en el sector salud, con ocasión de la pandemia. Si la Ley de Contrataciones del Estado fuera útil, y estuviera dotada de estándares de transparencia enforzables, así como de mecanismos ágiles de contratación, esta norma no hubiera sido necesaria.

La ley tiene como objeto atender la pandemia del covid-19, fijando las disposiciones legales para la adquisición en el mercado nacional e internacional de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico; obras de ampliación y acondicionamiento de los servicios públicos de salud; la contratación de servicios técnicos o profesionales temporales destinados a las acciones para el control de la pandemia y la atención de pacientes por la enfermedad covid-19; y sus mecanismos de transparencia y de control durante el proceso de contratación y ejecución financiera. Me llamó la atención que se incluyó hasta la compra de diésel y gasolina. ¿Será porque varios diputados distritales son propietarios de estaciones de servicio en el interior del país?

También me llamó la atención que no incluyeron algún mecanismo de control de los inventarios, como el que ha propuesto Fundesa. Hay que recordar que una de las principales modalidades de la “corrupción hormiga” es la del robo de medicamentos en las instalaciones gubernamentales, que considero es una de las principales razones para oponerse a la implementación de este tipo de controles automatizados.

Me preocupa que este decreto pone precios topes a muchos insumos, pero no les llaman así, les llaman “precios de referencia”. Pero lo que más me preocupa es que deja abierto —y de hecho, conmina— al MSPAS a establecer nuevas restricciones y a “revisar” todo el sistema de semáforos y aforos. Con todo y sus defectos, el sistema ha funcionado bien así como está, por lo que considero que no se deben cambiar los parámetros y que, en todo caso, se deben establecer mecanismos para enforzar las restricciones que ya existen, en lugar de idearse nuevas.

A este respecto, es importante notar que la tendencia en cuanto a casos activos y nuevos casos confirmados ya tiene más de tres semanas a la baja, lo que me lleva a considerar que muy probablemente ya hemos pasado del pico de esta “ola”, de allí que ahora es la mejor oportunidad para trabajar en expandir la capacidad de atención en el sistema de salud, en prevención de una eventual siguiente “ola” de contagios, así como acelerar el proceso de vacunación para lograr que, si se da, menos personas deban ser hospitalizadas o se mueran, en lugar de estar pensando en nuevas restricciones.