Esta semana pudimos conocer el que supuestamente es el nuevo pacto colectivo de los empleados del Ministerio de Educación (Mineduc), que las autoridades de ese Ministerio negociaron en secreto con Joviel Acevedo. La forma como se negoció el pacto colectivo es ilegal, lo que debería ser suficiente para invalidarlo, pero como aquí en Guatemala las mismas autoridades son las primeras en violar la ley, impunemente, pues no pasa nada.

El supuesto pacto —porque realmente no tenemos certeza de que sea el acuerdo final— establece un incremento al salario base de todos los empleados del 5 por ciento para el año entrante. Además, establece un bono anual de Q3 mil —una especie de bono 15— pagado a todos los trabajadores en junio de cada año, el cual sí se debe pagar este año.

Adicionalmente establece un “Bono Profesional” de Q700 mensuales para todos los maestros egresados del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep) y del profesorado de Formación Inicial Docente. Este es el programa que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) acaba de cancelar porque dice que es un “desperdicio” —aunque realmente es porque no les pagan lo suficiente—.

También mencionan algunos otros temas, como por ejemplo un seguro médico que el Mineduc le debe pagar a los empleados y el Seguro Médico Escolar. ¿Qué interés puede tener el sindicato de plasmar en su pacto colectivo el Seguro Médico Escolar de los estudiantes? ¿Lo van a catalogar como un “derecho adquirido”?

Yo considero que no debieran existir estos pactos colectivos en el gobierno, que no son más que una fuente de gasto innecesario e injustificado, responsables en buena parte de lo abultado de los gastos de funcionamiento en el Gobierno.

Pero lo que hace que este en particular sea más ofensivo e ilegal es que la negociación se haga de manera confidencial y secreta, como si no fueran los recursos de los tributarios los que están decidiendo cómo hacerlos chinche. Es inaudito que, hasta el Procurador de los Derechos Humanos haya tenido que plantear un recurso judicial para conocer el contenido del pacto, y que luego todavía dependiese de que Joviel Acevedo “accediera” a levantar la cláusula de confidencialidad. Esto es inaceptable y completamente ilegal.

Tanto que se alegó acerca de las cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra de vacunas, hasta el grado que el Congreso tuvo que autorizar ese procedimiento, para que aquí, localmente, se hagan negociaciones similares sin ningún empacho. Y eso que lo que está en juego es un presupuesto muchísimas veces más grande que lo que se ha utilizado para la compra de vacunas. Solo en 2022, estamos hablando de buena parte del presupuesto, de más de Q20 mil millones, y para 2023 seguro será una suma mayor. Es decir, son decisiones sobre alrededor de Q40 mil millones, que los funcionarios están decidiendo en secreto con Joviel Acevedo.

Según la Constitución y todo el entramado legal guatemalteco, todas las acciones del gobierno son públicas, y los ciudadanos tenemos todo el derecho de conocer lo que están haciendo los funcionarios con nuestro dinero. Solamente se salvan algunas acciones que tienen que ver con la seguridad nacional y que, por lo tanto, pueden ser catalogadas de “secreto de estado”, pero le puedo garantizar que la negociación con Joviel no tiene nada de “secreto de Estado” que justifique el secretismo.

Giammattei ofreció durante la campaña que revisaría el tema de los pactos colectivos, pero luego de dos años no solo no ha hecho nada al respecto, sino que además se ha prestado al juego ilegal de Joviel Acevedo.