Recientemente, en la ciudad de Antigua Guatemala, cuyas calles y edificaciones albergan tradición y parte de lo más profundo de nuestra identidad, tuvo lugar un encuentro en que representantes de diversos ministerios de Justicia e instituciones homólogas, partes de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), debatimos e intercambiamos ideas sobre las líneas estratégicas de cooperación jurídica internacional.

Es dable mencionar como asunto previo que la justicia está en la esencia de cualquier sociedad democrática. Más allá de la aproximación conceptual, lo cierto es que nuestras democracias tienen como eje rector la promoción de la justicia, al ser un derecho humano universal que implica, entre otras cosas, hacer realidad el principio de igualdad ante la ley, velando por instituciones sólidas que respeten la separación de poderes y fortalezcan el Estado de Derecho.

Dicho lo anterior, la cooperación que se pueda dar entre países iberoamericanos tiene gran valor, más aun considerando los desafíos globales consignados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, cuyo número 16 trata sobre “paz, justicia e instituciones fuertes”, buscando alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y creando instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Los veintiún países miembros de Comjib están comprometidos con el estudio y formas de cooperación jurídica. En particular Chile, a través de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha asumido un liderazgo en materias como acceso a la justicia, estando próximos a ser sede del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (Piaj), durante el mes de junio.

Además de lo ya señalado, es destacable que el acceso a la justicia está contemplado expresamente en la meta número tres del ODS 16, ya que busca promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Es decir, nos invita a partir de valores fundamentales, como el que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, a lograr un conjunto valórico normativo capaz de respetar los derechos fundamentales por parte de todos los órganos de nuestros Estados.

Por otro lado, la generación de conocimiento y consolidación de redes sobre políticas públicas regionales del Sector Justicia también forman parte de la hoja de ruta necesaria de acometer en el camino al desarrollo.

En suma, reuniones como la acontecida en Antigua Guatemala permiten el necesario diálogo sectorial y así mejorar, madurar e intercambiar experiencias en normativas, políticas y procedimientos, que den espacio para innovar en herramientas capaces de afrontar las exigencias de tiempos presentes.

Qué duda cabe del poder de las ideas y es por eso que incorporar estos temas al discurso público es parte de la pedagogía social necesaria por parte de los órganos del Estado.

Todo, para lograr ser capaces de avanzar de la mano con la ciudadanía en la generación de políticas públicas participativas, inclusivas y que incorporen diversas miradas en el desarrollo y promoción del bien público justicia, como parte fundamental del ejercicio del poder y de la sana convivencia democrática.