Entre incrementos de contagios, nuevas cepas y nuevos temores, el mundo se apresta a cometer errores similares a los del año pasado, cuando la mayoría se dejó llevar por el pánico y los gobernantes aprovecharon para incrementar su poder sobre los ciudadanos y violarles sus derechos fundamentales. Ahora la excusa no es la enfermedad, sino su cura, pero la violación de derechos es la misma. Los politiqueros y los científicos que han politizado la ciencia ahora buscan que la gente se vacune a la fuerza. Yo sostengo que implementar un sistema de discriminación por vacunas es una gigantesca tontería totalitaria.

Alrededor del mundo, la presión está creciendo para forzar a las personas, directa o indirectamente, a vacunarse. En algunos lugares no podrán entrar a restaurantes, museos o tiendas, en otros no podrán entrar ni siquiera al país. Si se trata de entidades privadas que deciden exigir la vacuna como condición de ingreso, están en su derecho. Sin embargo, el problema se da cuando esa exigencia no es voluntaria sino producto de un mandato gubernamental.

En una sociedad libre, uno debe respetar a las personas que toman malas decisiones, siempre que no infrinjan los derechos de los demás. Cualquier programa de vacunación masiva que utilice la compulsión en lugar de la persuasión, en conjunto, hace más daño al bienestar de una sociedad libre que cualquier bien que se pretendía alcanzar.

Se ha argumentado que vacunarse contribuye a la salud de los demás, pero esa es una aseveración que no tiene sentido lógico. En todo caso, la persona vacunada tiene una mayor probabilidad de que, si se contagia, saldrá mejor librada de la enfermedad, pero eso en nada afecta o beneficia a los demás.

Si la vacuna garantizara que uno no se enferma ni contagia a otros, entonces no se puede argumentar que los demás deben vacunarse para no afectarme a mí, ya que, si yo no me quiero enfermar, lo que tendría que hacer es vacunarme yo, en lugar de exigir que los demás se vacunen. En ese caso, las personas que no se vacunan solo se estarían afectando ellas mismas, poniéndose en mayor riesgo que si se vacunaran.

Si, por el contrario, aún vacunado, existe la posibilidad de que me enferme y pueda contagiar a otros —como se está argumentando actualmente que sucede con la variante delta—, entonces tampoco tiene sentido que se me obligue a mí a vacunarme “para no contagiar a otros”, porque de todos modos los podría contagiar, aunque esté vacunado. Nuevamente, el beneficiado principal de la vacunación es la persona que recibe la vacuna. De allí que obligar a las personas a vacunarse para “proteger a los demás” es una tontería lógica.

En el documento del CDC que se filtró la semana pasada se indica que los datos actuales apuntan a que las personas vacunadas tienen ocho veces menos posibilidades de enfermarse que las no vacunadas, 25 veces menos posibilidades de resultar hospitalizadas y también 25 veces menos posibilidades de morir. O sea que uno se beneficia sobremanera de vacunarse, y si quiere tener esos beneficios lo que debe hacer es vacunarse, no imponer a los demás que se vacunen.

De allí que considere que la vacunación no debe ser obligatoria, bajo ningún punto de vista, especialmente porque sería inconstitucional en casi todas partes, especialmente en Estados Unidos.

El problema es que esta pandemia ha incentivado el autoritarismo de los políticos de todo el mundo, llevándolos a pisotear los derechos de los ciudadanos ante cualquier sugerencia de que “puede” ser por el “interés general”, para velar por la salud de todos. No debe extrañar que ahora en muchos países vayan a poner como requisito de ingreso para los extranjeros estar vacunados. Pero, nuevamente, esa lógica está equivocada.