Los tributarios estamos siendo obligados a pagar la seguridad de muchas personas que ni lo necesitan y que, además, en su mayoría, ellos mismos podrían pagar; mientras tanto, todos los demás debemos sufrir niveles de inseguridad casi de país en guerra. Esa es la triste conclusión a la que podemos llegar con lo que se ha ido conociendo del caso de Mario Estrada. Debemos exigir que el Ministerio de Gobernación publique la información de toda la seguridad que estamos subsidiando los tributarios.

Luego de que se supo que los tributarios le estábamos pagando nueve policías a Mario Estrada, el Ministerio de Gobernación intentó quitarse el clavo, pero terminó chapoteando más. Resulta que los tributarios le pagamos la seguridad “privada” —aunque realmente son policías nacionales civiles— a Estrada desde hace 10 años. Trató de quitarse el clavo utilizando el recurso preferido de los políticos: tirarle la pelota a alguien más. En este caso, dijeron que el año pasado se la quitaron, pero que se la tuvieron que volver a poner, por requerimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El PDH no tardó en contestar que eso era responsabilidad y decisión de Gobernación y no de ellos. Esta trifulca entre el Ministerio de Gobernación y la PDH continuará ad eternum, y considero que deberá involucrarse tanto la Contraloría General de Cuentas como el Ministerio Público para dilucidar de quién es la responsabilidad y quién deberá pagar las cuentas de semejante despropósito, pero el problema es mucho mayor.

Solo en el caso de Mario Estrada, resulta que tenía “seguridad personalizada” desde el gobierno de la UNE. El ministro de esa época ya salió diciendo que él quería quitar muchas de esas “seguridades”, pero que se opusieron los diputados y la PDH de esa época. Y dijo todavía más: que Estrada no era el único, sino que también se les había dado a otros candidatos, como por ejemplo a Manuel Baldizón y a Otto Pérez Molina. Hay que tomar en cuenta que, por lo menos en el caso de Estrada, que es de quien tenemos datos, se le puso la “seguridad personalizada” dos años antes de las elecciones.

Pero desde esa época para acá se le mantuvo la “seguridad”. Suponiendo que fueron siempre nueve policías los que tuvo a su disposición, esto no nos ha de haber costado a los tributarios menos de cinco millones de quetzales. Pero eso no es lo peor. Ahora que han llegado los policías que estuvieron supuestamente cuidando a Estrada a declarar al Congreso, resulta que ellos ni siquiera lo cuidaban a él, sino que estaban “cuidando” su casa de la capital, ya que él se mantenía en Jalapa. ¡Imagínese usted semejante despilfarro de los recursos de los tributarios!

Pero la cosa no termina allí. Mario Estrada era apenas uno de quién sabe cuántos “personajes” pícaros los tributarios les subsidiamos su seguridad, gracias a la decisión de algún su cuate que pasó por el Ministerio de Gobernación y que graciosamente les concedió esa prebenda. Recuerdo que en algún momento escuché que era aproximadamente el 10 por ciento de los policías que estaban asignados a la “protección de personalidades”, lo que implicaría por lo menos tres mil o cuatro mil policías dedicados a estos menesteres. Lo que implica que los tributarios de seguro hemos pagado cientos de millones de quetzales.

Por tanto, yo exijo al Ministerio de Gobernación la publicación de la lista de todas las “personalidades” a quienes los tributarios les subsidiamos su seguridad, así como cuánto nos cuesta semejante despropósito. Y exijo también a la CGC y al MP que se investigue y se le deduzcan las responsabilidades a quienes se encuentren culpables.