A todos debería avergonzarnos la frecuente aparición de Guatemala en informes de agencias internacionales relativos a rezagos en indicadores de desarrollo, en los cuales nuestro país no da muestra de avance, sino que se va posicionando como el peor Estado del continente para mejorar la situación de sus habitantes.

El pasado miércoles se presentó en Buenos Aires el más reciente informe sobre la pobreza rural de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que nuestro país vuelve a ser el ejemplo de un penoso estancamiento, con cifras tan preocupantes, como que uno de cada tres guatemaltecos no tiene acceso a una alimentación básica, cifras que difieren con quienes residen en centros urbanos.

Esta pobreza extrema, según la FAO, es la capacidad de las personas para obtener con sus recursos una canasta básica alimentaria, y no incluye a una parte igualmente representativa de quienes apenas obtienen ingresos para efectuar gastos adicionales mínimos, pero necesarios para vivir.

Según el informe de la FAO, en Guatemala, la cifra de pobreza se ubicaba en 1989 en 78 por ciento, y de acuerdo con los nuevos datos presentados ese porcentaje apenas había descendido un punto; es decir, que en el 2018 se ubicaba en 77 por ciento, un dato por demás estremecedor, pero también esclarecedor de los que han hecho sucesivas administraciones desde la reinstauración de la democracia para reducir los niveles de pobreza.

Las estadísticas son las herramientas por excelencia para comprender el avance, retroceso o estancamiento de un Estado, y en el caso de Guatemala esto adquiere ribetes de dramatismo porque nuestro país es el que muestra menos consistencia en atender el problema, cuando se le compara con otras naciones latinoamericanas y del Caribe, aunque muchos de los rezagos se comparten con Nicaragua, Honduras y El Salvador, países que además son los mayores expulsores de migrantes.

Una de las facetas todavía más preocupantes que detallan las estadísticas de la FAO es que la pobreza en estos países tiene rostro de mujer, y en el caso de Guatemala, de mujeres indígenas, porque es el sector más desprotegido, menos atendido y más marginado de las oportunidades de desarrollo, pues no solo es un segmento de la población que trabaja más que los hombres, sino que a cambio no recibe ninguna remuneración, con lo que se acrecienta su vulnerabilidad dentro de la familia.

El informe también revela que la incidencia de pobreza aumenta 10 puntos porcentuales en las comunidades indígenas y afroamericanas, con el agravante de que puedan ser también las familias más numerosas, con la que se apunta a la reproducción de una situación de pobreza por no tener acceso a la escuela o a la salud.

Entre 1990 y el 2014, la mayor parte de países de Latinoamérica logró un marcado descenso de la pobreza, principalmente en Chile y Brasil, pero Guatemala aparece como el que menos cambios experimentó, y eso solo puede explicar las prioridades oficiales, en contraste con el reparto de recursos entre los círculos más cercanos a quienes implementan o deciden lo que aportan los contribuyentes.