La desesperación en el Congreso de la República está desmoronando algunas emociones, lo cual permite conocer quiénes son los diputados comprometidos con frenar los esfuerzos contra la corrupción y arremeten contra todo aquel que se ponga del lado de la justicia.

El pasado martes, dos diputados del partido de Gobierno, FCN-Nación, Estuardo Galdámez y Sandra Patricia Sandoval, montaron un triste espectáculo al convertir en un circo el hemiciclo durante un interrogatorio, lleno de imprudencias, al procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, a quien pretendieron atribuirle responsabilidad por la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción.

Lo hicieron poniendo en evidencia la escasa preparación para llevar una investidura de su rango, pero lo peor fue la payasada de tratar de inculpar a otros sectores de una tragedia que pudo evitarse y cuya mayor responsabilidad recae sobre el Gobierno central, situación que nadie duda y sobre la cual ya existen pronunciamientos de organismos internacionales.

La bufonesca intervención de estos dos diputados fue desafortunada porque su intención era defender lo indefendible, pues el mismo presidente Jimmy Morales ha dado muestras de un total desconocimiento de la magnitud de la tragedia, pero además reconoció durante una entrevista con CNN en español que era una responsabilidad del Estado, porque sus funcionarios actuaron con total irresponsabilidad.

En todo caso, la Procuraduría de Derechos Humanos ha sido la instancia más comprometida con denunciar las anomalías que desembocaron en la muerte de cuarenta niñas y muchos hicieron oídos sordos a sus reclamos, por lo cual ahora incluso se están ampliando las investigaciones hacia otros sectores que pudieron haber actuado con negligencia en la atención del clamor de quienes señalaban los abusos.

El exabrupto de los legisladores se explica por manifiesto apoyo que el actual procurador ha mostrado a favor de los esfuerzos del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para rescatar la institucionalidad y además son las únicas entidades comprometidas con tratar de erradicar la corrupción, demasiado extendida en los tres organismos del Estado.

En todo caso, si los diputados tuvieran un mínimo de criterio y sentido común deberían apuntar hacia el Ejecutivo, que es donde más se ha concentrado la incapacidad, la falta de acción y la negligencia ante hechos preocupantes como el abuso sexual y otros atropellos que sufren centenares de menores en los centros gubernamentales que deberían proveerles de un mínimo de protección.

Pero es obvio que estos malos congresistas no tienen el menor interés en velar por la protección de la niñez ni mucho menos proteger los derechos humanos, como es el caso de la diputada Sandoval, que preside la Comisión de Derechos Humanos, lo cual resulta vergonzoso, pues su actitud más bien concuerda con recientes acciones orientadas a extender la chamarra de la impunidad.