Causan honda preocupación las declaraciones del propio canciller, Pedro Brolo, quien en una citación parlamentaria reconoció que viajó a Rusia con el objetivo primario de gestionar la agilización de entregas de las vacunas ya pagadas hace dos meses y de las cuales solo han sido entregadas 150 mil. Desde la conferencia conjunta que ofreció junto con su homólogo Serguéi Lavrov se connotaba cierto abatimiento y desazón, puesto que únicamente se anunció el envío de otro contingente, de 400 mil dosis, supuestamente para esta semana, con el cual apenas se completaría el 6.88% de lo ya pagado.

Sin embargo, lo que causa más asombro y también indignación es que para emprender un periplo de tanta importancia para la salud de la población, el canciller Brolo viajó 22 mil kilómetros de ida y vuelta sin haber leído, analizado y encontrado las cláusulas necesarias para poder plantear un respetuoso pero firme reclamo a las autoridades rusas. Otro tiburón le dio un coletazo a la misma sardina y la mandó de vuelta con un ofrecimiento más, pese a que ya se pagó el pedido y a que hay miles de vidas en riesgo.

En este punto cabe cuestionar si se trató de simple displicencia del ministro de Relaciones Exteriores, lo cual sería totalmente censurable. Acudir a un reclamo contractual sin haber leído a detalle y sin una asesoría jurídica es una imprudencia, un despropósito y un esfuerzo improductivo en el cual salieron más caros los pasajes y los viáticos. Pudo haber ocurrido otra cosa: que los detalles totales del contrato sigan reservados para una pequeña rosca del gobierno giammatteiano, ya sea por sus defectos, por sus posibles lesividades e incluso por conflictos de interés que saldrían a luz en un examen acucioso.

En esta ensalada rusa que mezcla versiones, declaraciones y ofrecimientos que no se cumplen, la ministra de Salud, Amelia Flores, agrega un elemento más de incertidumbre al afirmar que si en esta semana incompleta —debido al asueto adelantado del lunes— no llega el pedido de dosis Sputnik V, se analizará la lesividad del contrato suscrito con el intermediario ruso. Si tal intención fuera cierta, es a todas luces tardía, como tardío es el alboroto legislativo —con todo y peroratas, fatuos protagonismos y vacías excusas de diputados— para aprobar la ley de vacunas que permitirá la entrada de más dosis donadas.

Es pasmosa la inacción de la Procuraduría General de la Nación, que seguramente espera una invitación chapeada en oro para entrar profesionalmente a defender los intereses del Estado de Guatemala, es decir, no del presidente, no de los ministros, no de los funcionarios ni de los allegados del Ejecutivo, sino del pueblo de Guatemala.

Ante tal incumplimiento de tareas, resulta fundamental que la Contraloría General de Cuentas revele ya los hallazgos efectuados en la auditoría especial a la compra de vacunas que anunció el 25 de junio. Si acaso esta institución se encuentra asustada, maniatada o paralítica por razones de conveniencias o pactos políticos, queda la esperanza en la vigilante gestión del Ministerio Público, ente que también anunció una investigación el 6 de mayo, mucho antes que la Contraloría y de la cual a estas alturas se deberían tener detalles, al menos para poder explicárselos al canciller Brolo o a cualquier otra autoridad, ya sea para demandar la entrega del fármaco o para rescindir el contrato, lo cual debería estar sujeto a una penalización al proveedor por no haber cumplido con las condiciones, si es que existen.