Imprevisión, descuido, irresponsabilidad, conflictos de interés o simple inercia burocrática figuran entre las causas de la creciente presa de las efímeras placas de cartón y plástico para vehículos de todo tipo que se siguen entregando en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), debido a sucesivos atrasos en la adjudicación del contrato de fabricación de matrículas metálicas. Se dice creciente porque las solicitudes no cesan y desde el 1 de julio de 2018 se han entregado alrededor de 285 mil juegos de placas “provisionales” para carros y camiones, y casi 385 mil para motocicletas: el total sobrepasa los 670 mil vehículos.

Es francamente vergonzosa para las autoridades tributarias —y para el Estado en general, representado en su directorio— la carencia tan prolongada de un recurso de vital importancia para la seguridad comercial, jurídica y política, como las placas metálicas de circulación de vehículos. Se puede argumentar que el suministro de identificaciones no se ha interrumpido; sin embargo, su carácter estratégico va muchísimo más allá de la duración o de la apariencia estética: se trata de una constancia de legalidad que debe ser a prueba de falsificaciones o alteraciones.

Es necesario hacer notar que la primera convocatoria se lanzó a finales de 2017, pero la Junta Licitadora rechazó todas las ofertas por supuestos faltantes en los requisitos. Después transcurrió más de un año sin ninguna gestión y un nuevo evento se lanzó el 15 de abril de 2019; también fracasó. En octubre de ese mismo año se convocó al tercer concurso, el cual fue adjudicado el 14 de enero de 2020, pero quedó sujeto a controversias, por lo que fue nuevamente evaluado por el directorio de la SAT y confirmado hasta abril último.

La solución no es inmediata, puesto que el arribo del primer lote de 140 mil juegos de placas, ya comprometido para sustituir unidades de cartón, se espera para noviembre próximo. Para 2021 se tenía contemplado un plan de cambio generalizado de placas, un proceso de gran importancia para actualizar los datos sobre el parque vehicular del país, aclarar procesos de tenencia, compraventa y uso.

Dadas las vicisitudes observadas en un simple aprovisionamiento, es posible prever que dicha renovación se posponga, aunque no debería exceder un plazo mayor de un año y se debería aprovechar para poner orden en la clasificación de automotores, sobre todo aquellos de uso oficial que a menudo quedan sujetos a discrecionalidades: se debería diferenciar, como se hacía en otro tiempo, aquellos que pertenecen a cada organismo del Estado, pero sobre todo evitar el uso de placas oficiales por parte de familiares o seres queridos de diputados o funcionarios.

Un último punto vinculado con la función de las placas en la vía pública: las autoridades de tránsito deben estar empoderadas por ley para actuar con drasticidad contra toda persona que circule sin placas o que lo haga con identificativos manuscritos que, sin ningún empacho, colocan la palabra “provisional” a menudo con grafías apenas legibles. Lo mismo vale decir para los conductores que portan matrículas ocultas debajo de plásticos reflectivos o deliberadamente despintadas, con el afán de eludir cámaras de tránsito. Desafortunadamente, muchas de estas malas prácticas comienzan, a veces, por automotores que forman parte de comitivas de seguridad de congresistas o empleados de gobierno, que deben ser los primeros en dar el ejemplo.