Posiblemente no exista en la agenda del restante período de gobierno una decisión presidencial más anticipada e incierta que la sanción o veto del mandatario Jimmy Morales al decreto 10-2019 de reformas al Código Procesal Penal sobre la aceptación de cargos y las rebajas de penas relacionadas, una norma que el Congreso tardó más de dos años en llevar al pleno y que repentinamente aprobó con aviesas enmiendas que trastocan su finalidad original.

Si bien los diputados que aprobaron este decreto argumentan que se busca desahogar el sistema de justicia, que era uno de sus objetivos originales, se efectuaron cambios a la iniciativa original para restarle importantes condicionantes como la obligación de colaborar con la Fiscalía en la delación de cómplices y aporte de información sobre estructuras delictivas, aspectos sin los cuales la norma queda desnaturalizada y atenta contra el Estado de Derecho.

Varios han sido los sectores nacionales que se han manifestado en contra del decreto 10-2019, por considerarlo una herramienta de impunidad y un riesgo para la aplicación de justicia porque podría beneficiar a señalados de numerosos delitos de impacto social, incluidos casos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias, pero también robo, estafa, extorsión y otros ilícitos. En su desesperación por aprobar con celeridad los imprudentes cambios introducidos a la ley, el 12 de noviembre último, los diputados, incluyendo a oficialistas y supuestos opositores, no se cuidaron de garantizar la seguridad de la mayoría y abrieron la puerta a recursos legales que podrían ser interpuestos a partir del momento en que cobren vigencia las reformas, si es que el presidente Morales las avala.

La más reciente de las expresiones de rechazo para dichas reformas provino de 43 abogados que superaron diferencias ideológicas o políticas para pronunciarse públicamente y pedirle al presidente Jimmy Morales que vete el decreto 10-2019, por considerar que es “un atentado contra los intereses de la Nación” y “notoriamente” inconstitucional. De hecho, si el presidente opta por sancionar tales cambios, es previsible un aluvión de impugnaciones constitucionales.

En todo caso, la situación causada por el Congreso saliente debe constituir una lección de los enormes costos de oportunidad que implican las agendas ocultas, los manejos irresponsables y las manipulaciones de última hora a leyes que tienen de origen un objetivo noble y práctico. El concepto de aceptación de cargos figura, efectivamente, dentro de las legislaciones modernas de varios países. Funciona para agilizar confesiones de delitos, pero también para desbaratar estructuras criminales y sentar precedentes ejemplares.

A poco más de un mes del cambio de legislatura, con el cual habrá una severa depuración de diputados no reelectos -muchos de ellos con procesos de antejuicio y que perderán la inmunidad al salir del cargo- es importante que los nuevos congresistas analicen desde las grandes prioridades del país, para poder desarrollar una lista básica de leyes urgentes no solo en el campo de la justicia sino también para fomentar la productividad, mejorar el acceso de familias a mejores vías de desarrollo, así como asegurar un mejor futuro para las generaciones jóvenes, que requieren de mejor educación, más efectiva conservación ambiental y mayores oportunidades de empleo o emprendimiento.