Una triste muestra de indiferencia respecto del compromiso del gremio de abogados y notarios con el destino de la Nación y del propio colegio profesional que los representa es el alto abstencionismo que se repite una y otra vez en procesos electorales internos, tanto para elegir a su directiva como para la designación de magistraturas. De los más de 36 mil miembros del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) acude a votar menos de la cuarta parte, con lo cual dejan en ciertos grupos alineados la definición de puestos trascendentales.

Es oportuno mencionar que al momento de ser juramentados, los profesionales del Derecho se comprometen a cumplir compromisos legales y éticos inherentes. No se trata de una carrera dedicada a un ejercicio aislado sino a un servicio público de asesoría, representación, arbitraje, acción legal y defensa del orden jurídico. Por ello, si está en juego la nominación de integrantes de Cortes o la definición de posturas ante determinadas coyunturas nacionales, no se pueden ni deben delegar o endosar decisiones, mucho menos renunciar a ellas.

Nueve planillas compiten por la junta directiva y ocho por el Tribunal de Honor del Colegio, en un proceso que ha estado salpicado por la supresión de requisitos como la carencia de antecedentes penales y policíacos. La excusa esgrimida por el Tribunal Electoral del Cang fue que tales constancias no están estipuladas en ley y que estar vinculado a un proceso sin sentencia atenta contra los derechos de quien se postula bajo tal circunstancia. No obstante, sí exigen solvencia de pagos, constancia de colegiado activo y carencia de sanciones del Tribunal de Honor, que tampoco es una instancia judicial condenatoria.

Son los mismos abogados quienes deben exigir, por convicción ética y estricto apego al espíritu de las leyes, que existan rigurosos criterios para la postulación de candidaturas. Si ellos mismos no se hacen cargo de depurar su Colegio y ser más estrictos en sus procesos de selección, nadie más lo hará y es allí donde nacen las aprensiones acerca de sus verdaderos criterios, intenciones, nexos, fidelidades y conflictos de interés. La elección previa de magistrado para cubrir tres meses en la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó un mal sabor por el previsible y decepcionante abstencionismo. Fue electo el exjuez Mynor Moto, quien ahora tiene orden de captura y cuya acelerada juramentación en el Congreso, por parte de un sospechoso quorum oficialista, también es objeto de discusión.

La elección de mañana es crucial debido a la función del Cang en el proceso de convocatoria y elección de magistrados titulares y suplentes de la próxima CC para el período 2021-2026. A causa de la pandemia, es poco probable que haya edecanes, churrascos y cerdos asados en centros de votación, pero continúa la práctica de actividades promocionales totalmente ajenas al desempeño profesional y a menudo impulsadas con ingentes recursos económicos cuya procedencia nadie investiga, limita ni sanciona, con lo cual se abre la puerta a la infiltración de mafias que procuran colocar a delfines de dudoso talante.

Al ser juramentados, los abogados se comprometen a actuar con honestidad y decoro; son investidos de fe pública precisamente porque sus actos deben estar regidos por las leyes positivas pero también por los más altos valores éticos. Abstenerse de votar en tiempos tan críticos como los actuales es indecoroso, y ya no se diga si la decisión se toma a cambio de un bocadillo o de favores ulteriores.