El fin de la Semana Santa trae, incluso en las actuales circunstancias, un súbito retorno a las prisas, los compromisos laborales y a las desafiantes realidades. Así lo representa el congestionado retorno, el sábado y domingo últimos, desde atractivos turísticos o lugares de origen. El país retoma su marcha en el contexto de la pandemia, que constituye uno de los retos inmediatos, pero paralelo a otras situaciones de agenda pública.

Es lunes de reinicio general y así parece abordarlo el gobierno de Estados Unidos al estar programada para hoy la llegada del enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, diplomático de alto rango y raíces hondureñas, que coordinará los esfuerzos de cooperación de dicha potencia para frenar la masiva migración de indocumentados que se ha disparado en la región.

Es necesario hacer notar el discurso políticamente correcto de referirse a los gobiernos centroamericanos como “aliados” en la promoción del desarrollo, como la vía más eficiente para detener la salida de personas en busca de oportunidades que no encuentran en su país. Sin embargo, tal diplomacia no debe llamar a confusión acerca de la severidad con la que pueda llegar a actuar EE. UU. con tal de poner coto al problema migratorio, pues no solo se trata de una complicación socioeconómica, sino de una amenaza a su seguridad nacional. Es por ello que crece la expectativa en torno a una nueva lista de corruptos de la región, sobre la cual se ha especulado mucho pero que podría detonar reacomodos voluntarios o involuntarios en los Estados involucrados.

El retorno a la realidad también abarca la discusión sobre el estatus legal de la Corte de Constitucionalidad electa, que debe asumir en nueve días. El Congreso de la República ha tratado de aplicar un criterio selectivo para programar la juramentación de magistrados titulares y suplentes debido a algunas objeciones y procesos de impugnación. Lo más importante en este caso es el respeto a la institucionalidad, pues la continuidad de funciones del máximo tribunal es vital. Una dilación en la misma representaría un nuevo agujero, igual o mayor que el de la Corte Suprema de Justicia, que está por cumplir 18 meses de limbo legal por la indolencia de los diputados.

La inexplicable afluencia de adultos mayores a una vacunación que no fue públicamente anunciada y que el Ministerio de Salud niega haber efectuado constituye un fuerte llamado al Ejecutivo para despertar del marasmo. Falta de información y coordinación o alguna táctica de favoritismo velado figuran entre las hipótesis para explicar tan caóticas jornadas en las cuales a algunos ancianos sí se les aplicó la dosis y a otros no, sin aclararse los criterios reales. En todo caso, ya sea con fase 2 en marcha o no, las dosis donadas tienden a agotarse y el Gobierno ha sido incapaz de negociar y adquirir nuevos lotes. No hay hasta la fecha nombres y consecuencias de esta crasa irresponsabilidad. Excusas, quejas y hasta falacias ad misericordiam, mas no soluciones, se han escuchado en las semanas finales de la Cuaresma y el viacrucis del pueblo de Guatemala continúa con la esperanza de una pronta compra de fármacos anticovid o de un nuevo acto de caridad por parte de algún país amigo.

A ello se suma el abrupto despertar de los efectos de la acumulación inflacionaria, las próximas decisiones del posible retorno de alumnos a las aulas físicas, y en un par de semanas la verificación del impacto del descanso en una temida tercera ola de contagios, mientras se observa un considerable aumento de municipios en alerta roja.