EDITORIAL
Absurdo, contradicción y perjuicio de bloqueos
Si no hay capacidad de entendimiento, es obligación de oficio de las autoridades de seguridad despejar la vía.
Desde el primer comunicado con amenazas de bloqueos por parte de ciertos grupos de camioneros, era notoria cierta confusa mescolanza temática muy propia de peroratas sindicaleras. Saben muy bien que oponerse a la instalación de reductores de velocidad es un absurdo total ante la larga cauda de muertos, heridos, discapacitados, huérfanos y familias rotas a causa de la impune brutalidad al volante que persiste en rutas de todo el país. Lo más contradictorio de todo es que durante una caravana efectuada el lunes último, los vehículos usualmente raudos y rebasantes iban a 10 kilómetros por hora: para protestar contra un control de velocidad, la reducen al mínimo para atormentar a otros conductores, particulares, comerciales, socorristas, totalmente ajenos a su cerrazón.
Pero en su comunicado, el ente convocante, denominado Unión Nacional de Transportistas de Guatemala (“Unitransgua”), dejó hasta el tercer punto el tema de los reductores de velocidad y hasta en el sexto pide la renuncia de las autoridades de la Dirección de Transportes, que solo están cumpliendo con el deber de aplicar la Ley de Mejoramiento de la Seguridad Vial. Se creyeron muy listos al poner en el primer punto “el alza en los precios de los combustibles como el diésel y las gasolinas superior y regular, ya que estos altos costos obligan a subir el precio de la canasta básica”, en un intento de catalizar el malestar generalizado como un indirecto aval a su favor.
También figura en sus peticiones la eliminación de la próxima vigencia de mezcla de etanol en los combustibles, describiéndola como una “medida contraria y desproporcionada para la realidad nacional”. Cierto es que tal adición está sujeta a otras polémicas, pero dista de ser el tema toral que les compele.
Añaden entre sus exigencias “que los diputados se reduzcan el salario”, por ser “una burla para el pueblo”. En efecto lo es, pero ¿dónde estaban hace año y medio cuando se aprobó el aumento ilícito, con nocturnidad y alevosía? No les interesaba, porque en aquel momento no existía la obligación de los reductores ni el clamor ciudadano por reforzar la seguridad vial. Las medidas llevan una década, pero se han pospuesto entre chantajes y arreglos subrepticios con sucesivos encargados de la Dirección de Transportes que prefirieron pactar.
“Unitransgua” se desligó después de los bloqueos perpetrados en carreteras del país, sobre todo en las rutas al Atlántico y a las Verapaces, que han dejado ya incalculables pérdidas. Hay múltiples grupos como el que se hace llamar “Asociación de transportistas de productos perecederos”, según se leyó en una manta que portaba un vehículo liviano atravesado en Jutiapa.
Es irracional, incoherente y hasta hipócrita protestar por el precio de los combustibles —alterado por situaciones internacionales— obligando a compatriotas a gastarlo de forma estéril en filas interminables. Sí, se deben tomar medidas, pero el problema no solo afecta a los camioneros, sino a todo el país. Entidades como la Cámara de Comercio y la Asociación Guatemalteca de Exportadores han interpuesto recursos para garantizar el libre desplazamiento, pero ayer se cumplió el tercer día de pérdidas. No debería hacer falta esa orden. La Policía Nacional Civil declara que ha priorizado el diálogo, pero eso es para las primeras horas. Si no hay capacidad de entendimiento, es obligación de oficio de las autoridades de seguridad despejar la vía y consignar a quienes insistan en violar la garantía de libre locomoción, así como decomisar vehículos e incautar licencias.