La coyuntura guatemalteca se encuentra bajo escrutinio de los organismos internacionales financieros: una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se instaló en el país para elaborar recomendaciones dirigidas a los presidenciables, quienes deberán revisarlas libres de prejuicios, con orientación a resultados, e integrarlas objetivamente a sus planes de acción.

A pesar de la incertidumbre política, la situación económica mantiene signos estables, mas no óptimos. El Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, en su revisión periódica, mantuvieron esta semana el 3.4% de crecimiento como valor central en su previsión del 2019. Crecer dentro de la barrera de los tres puntos equivale a quedar estáticos. Históricamente el país ha sido disciplinado en mantener un déficit fiscal alrededor del 2% y un nivel manejable de endeudamiento, pero la pobre calidad del gasto de las administraciones gubernamentales demerita esos esfuerzos de política fiscal. No es posible crecer y lograr resultados diferentes si la inversión pública en infraestructura se reactiva cada cuatro años como bandera oportunista electorera.

De poco servirá que la banca central haya cambiado la previsión de crecimiento para el sector construcción, de 2.9% en enero pasado a 4.9% en mayo, si en el primer año del próximo gobierno las cifras se vuelven a deprimir. La inversión pública actual en Guatemala es como pedalear en una bicicleta con el freno atorado: resulta desgastante y el avance es extremadamente lento. El caso más emblemático es el contrato de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, bajo el esquema de Alianza Público Privada. El proyecto busca reconstruir un tramo clave para el comercio terrestre y marítimo, así como para el turismo interno y externo. Se cuenta con respaldo de la actual administración, de empresarios e inversionistas; es una necesidad urgente expresada por usuarios de la carretera, pero la discusión se encuentra varada en el Congreso, específicamente en la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Posiblemente por motivos políticos o quizá conflictos de interés, dicha sala se resiste a dictaminar la obra desde octubre pasado, cuando se recibió la propuesta. Tales diputados deben exponer claramente las razones de su atraso, discutir posibles dudas y permitir el avance nacional. Si los 18 legisladores que integran esa comisión no tienen la capacidad de discutir y proponer vías para remozar un tramo de 41 kilómetros, la meta de 47 mil 500 kilómetros en 25 años que propone la iniciativa 5431 se rezagará mucho más, sin importar cualquier promesa política.

Existen otros factores que sirven de lastre a la inversión e impiden mayores tasas de crecimiento, entre ellos la falta de certeza jurídica y reglas claras, la exagerada cantidad de trámites, licencias o permisos y la poca inversión en capital humano. Los partidos políticos y los legisladores no pueden ya andar jugando a darse golpes de pecho y aparentar corrección moral mientras su apatía o, peor aún, su incapacidad, sentencian al país a la inmovilidad económica, que a su vez impacta en el desarrollo humano. En lugar de argumentos teocráticos de campaña, bien harían en asesorarse mejor, a fin de crear una agenda coherente concentrada en el crecimiento de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, con innovación y respaldo técnico. La fe se demuestra con acciones coherentes, con capacidad y, sobre todo, con una visión que posibilite la prosperidad de los guatemaltecos que los eligieron.