EDITORIAL

Acciones y omisiones desmienten discursos

El inconveniente de los discursos prefabricados por otros para que un funcionario los pronuncie en una ocasión protocolaria es que corren el riesgo de quedar lejanos de la realidad a la que pretenden referirse. Si la alocución fue escrita por el propio disertante pero también incurre en tal distanciamiento puede obedecer a la inconsciencia sobre el entorno real o a un deliberado intento por afirmar una versión paralela a la realidad que queda desmentida por los hechos, las cifras y el sentido crítico del ciudadano que atestigua, vive y padece las deficiencias que otros intentan negar o justificar.

El desempeño del Congreso de la República durante 2020 puede ser calificado con adjetivos referentes a la decepción, molestia e indignación de la ciudadanía, que eligió a más de cien diputados nuevos —y expulsó del hemiciclo a otros tantos— con la esperanza de un cambio de actitud, valores y criterio, pero solo se produjo la sucesión de un pacto oficialista por otro. Una directiva yuxtapuesta a fuerza de conveniencias y no de prioridades de Estado asumió ayer. Está integrada prácticamente por las mismas personas del año pasado, con lo cual es mínima la esperanza de un cambio de rumbo hacia la innovación, la proactividad y la eficiencia.

El presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, se refirió al apoyo a la justicia como pilar de la democracia, pese a que sobre su persona recae buena parte de la responsabilidad del doloso atraso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se cumplieron 15 meses de tal desfase. En diciembre se hizo la mímica de comenzar la designación, pero hasta ahora no ha avanzado un ápice ni hay fecha para cuando sea retomada: una contradicción total con las palabras que leyó.

La deuda de la actual legislatura no termina con la elección de magistrados, que debería ser asumida con la misma oficiosidad con que se montó la reelección de la directiva o la aprobación del deficitario presupuesto anulado. También es urgente, pero desatendida, la aprobación de un paquete integral de recuperación económica y fortalecimiento de la competitividad nacional. Otra necesidad totalmente abandonada es la formulación de una nueva Ley de Servicio Civil que cierre puertas al clientelismo y la burocracia ociosa. Lo mismo cabe decir de la continuación de las reformas a la Ley Electoral, a fin de proveer herramientas legales para depurar del espectro político a todas aquellas organizaciones señaladas de financiamiento ilegal, de recibir recursos del narcotráfico e incluso de impulsar a candidatos confesos de tal delito. Pero ello es improbable toda vez que integrantes de tales partidos acompañan la conspicua directiva reelecta hace dos meses.

Sonó muy segura la afirmación del presidente del Congreso acerca del valor que otorga al voto ciudadano que lo llevó a la curul. Sería muy interesante ver al legislador Rodríguez atender, escuchar y responder directamente los cuestionamientos de esos electores, los pobladores del distrito de Sololá, que lo eligieron en 2019, a fin de poder comprobar la veracidad de esa afirmación pronunciada ante el pleno.

La oposición legislativa tampoco debe darse baños de pureza o de falsa dignidad, pues no pasarán de ser espectadores o comparsas en tanto continúen tolerando protagonismos vacuos, dobles agendas que bloquean acuerdos mínimos y la injerencia de cacicazgos desfasados que se quieren vender desde ya como futuras opciones electoreras, así como muchos de los que hoy ocupan el Ejecutivo y el Congreso lo hicieron en el período anterior.

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