A destiempo, en la época menos conveniente y sin que todavía la vacuna Sputnik V cuente con el aval de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno anuncia, en sus redes sociales, bajo el acápite “Guatemala avanza”, la llegada, en dos vuelos, de un cargamento de 1 millón 958 mil dosis, y para hoy, en el penúltimo día estipulado en el contrato, se prevé el arribo de las últimas 125 mil para completar 8 millones de unidades. Se pagaron Q614.5 millones al contado, pero los envíos se hicieron por abonos, debido a un ambiguo contrato que pese a ser de interés nacional se manejó y sigue sometido a una oscura confidencialidad. La presión pública llevó, en junio, al amago estatal de una recisión del contrato debido al atraso de entregas. Al inicio se dio a entender que la compra quedaría solo en las ocho millones de dosis iniciales y no en las 16 millones estipuladas en el contrato inicial, signado a escondidas, sin cláusulas a favor de Guatemala ni asesoría de la Procuraduría General de la Nación.

Resulta sospechoso que a última hora, a un día del límite del plazo, llegue un contingente enorme, cuya distribución se enfrenta a las exhibidas limitaciones logísticas del Estado, a la preferencia de la población por otros fármacos ya avalados y a la fuerte demanda del fármaco de Pfizer para los menores, de cara a un posible retorno híbrido a las aulas en algún momento del 2022.

El ministro Francisco Coma prosigue con las prácticas de secretismo de su antecesora en el cargo, quien se rehusó en todo momento a dar copia oficial del acuerdo, incluso al Ministerio Público, ente investigador que tampoco emprendió mayores iniciativas legales por obtener el documento, indagar sus vericuetos y seguir la ruta del dinero.

El 18 de octubre, el ministro Coma, en citación legislativa, dijo de manera ambigua que según la adenda hecha al contrato, continuaba vigente el compromiso de compra a Rusia de otras ocho millones de dosis, cuya entrega se efectuaría durante el 2022 y 2023. Al requerírsele dicha modificación, arguyó confidencialidad y desde entonces se ha mantenido silencio oficial sobre el tema. Ya solo falta que a pesar de tantos atrasos del proveedor, el Ejecutivo de Giammattei se empecine en priorizar otra adquisición similar.

El pueblo de Guatemala necesita y merece una nueva y transparente estrategia de prevención y atención al covid-19, que incluya la adquisición de vacunas de otros proveedores para la inminente tercera dosis. Baste un dato oficial: hasta ayer, el país había recibido en total 22 millones 480 mil 480 dosis, entre donaciones y adquisiciones. Casi 14 millones y medio son de otros proveedores y para más señas, 8.5 millones de ellas fueron obsequiadas por el Gobierno de Estados Unidos, medio millón más que las compradas y en menos tiempo. Además, se ha contado con generosos donativos de México, España, India, Canadá, República Dominicana, India e Israel. Rusia no ha donado ni siquiera el flete.

La variante ómicron es hoy la causante de una fuerte ola mundial de contagios. Aún no se sabe oficialmente si ya se encuentra en el país, pero no sería extraño. Esta cepa no tiene tanta letalidad pero sí gran rapidez de incubación y transmisión, por lo cual siguen vigentes las medidas de precaución como el distanciamiento, el uso de mascarilla, lavado de manos y, por supuesto la vacunación, que no llega ni a la mitad de la población. Ya no hay espacio para secretismos interesados que pongan en riesgo la salud pública.