Si no indignara tanto sería risible, digna de una comedia negra de mal gusto, el tiempo perdido por el Ejecutivo y el Legislativo para la aprobación de una normativa de vacunación que permita y posibilite la llegada de más donativos de dosis de inmunización contra el covid-19. Los meses perdidos a causa de tan mediocre demora no se cuentan en días, sino en vidas que posiblemente pudieron salvarse y casos graves que pudieron prevenirse.

Cuando en los gobiernos no hay voces disidentes, sino únicamente corifeos —por temor o zalamería—, se acrecienta el riesgo de traspiés como el que protagoniza el Ejecutivo, pero cuyas consecuencias padece la ciudadanía. Es posible que tantas caravanas a sirena abierta, tantos vidrios blindados y tantas voces acríticas de su rosca próxima le hayan causado al presidente Alejandro Giammattei tal distanciamiento de la sociedad que ha llegado al punto de creer —al igual que tantos antecesores— las afirmaciones de sus asesores de imagen.

En el caso de la ley sobre vacunas, recién enviada al Congreso después de reconocerse la improcedencia del acuerdo gubernativo del 16 de abril, el presidente tiene, efectivamente, a quién señalar de no haberle provisto de una eficiente asesoría jurídica en un tema de toral importancia para el país: el procurador general de la Nación, tan oficioso para otras minucias. De hecho, esta misma entidad también debería elaborar de oficio un informe sobre la posible lesividad del contrato de vacunas Sputnik V, cuya entrega a cuentagotas y en impredecibles fechas constituye un altísimo costo de oportunidad para los guatemaltecos. Lamentablemente, a principios de este mes, la PGN se lavó las manos sobre ello.

Para el próximo martes, después de haber disfrutado un redundante puente laboral —puesto que se encuentran en receso—, fueron convocados los diputados a una sesión extraordinaria, a fin de conocer la tardía iniciativa de ley de vacunas. En lugar de apresurarse, como sí lo hicieron para otros menesteres clientelares a su conveniencia, la comisión permanente prefiere perder tres días más, como si no estuvieran en juego vidas de guatemaltecos. Con ello, evidencian su absoluta indiferencia respecto de la ciudadanía, algo que no debería ser olvidado por nadie al llegar el año 2023.

Para “la próxima semana”, anuncia el canciller, Pedro Brolo, como una suerte de premio de consuelo de su viaje a Rusia, un posible envío de otro embarque de 400 mil vacunas Sputnik V, lo cual puede parecer un alivio, pero en realidad no es ninguna ganga, ni siquiera un favor, puesto que tales fármacos ya están pagados. Para más el gobierno mexicano, en un acto de solidaridad que forma parte de su política exterior regional, envió 400 mil 700 vacunas donadas. Y podrían haber llegado ya otros posibles aportes, pero la ausencia de legislación —gracias a la dejadez, ineptitud y parsimonia del Congreso— lo impide.

Como muestra de mínima contrición, de básico respeto y elemental sentido de humanidad, la alianza oficialista bien podría dejar para después el ocio y adelantar la sesión para esta misma noche o para el domingo. No para luego querer venderse como beneméritos, sino para cumplir con un deber fundamental. No debería haber ningún aprovechamiento político ni reclamo de réditos promocionales en esta discusión. Están en juego vidas productivas, el sustento de familias y aportes tributarios que pagan sus voraces dietas por sesión, además de almuerzos y refacciones.