Con o sin convenio migratorio, con o sin amenazas de Trump, con o sin nuevas visitas del secretario de Seguridad Interior de EE. UU., Guatemala se encontraba ya en una coyuntura crítica, al final de un período cargado de ineficiencias e incumplimientos en cuanto a la mejora de indicadores de desarrollo humano. Esto agravó un fenómeno migratorio que, en conjunto con las crisis de otros países de la región, llegó a tornarse tan agudo y tan masivo que disparó las alarmas del gigante del norte, justo en el final de una campaña electoral aquí y en los prolegómenos de un nuevo proceso allá, dentro del cual la migración era ya tema de batalla del actual mandatario y lo seguirá siendo.

Si bien la discusión del convenio de cooperación sobre asilo agrega nuevas variables al escenario político, social y económico nacional e incluso se ofrecen más ventanas laborales temporales agrícolas como posibles beneficios, los grandes desafíos pendientes todavía se encuentran allí y requieren de un abordaje que integre la cooperación externa, pero sobre todo que catalice los esfuerzos de los sectores nacionales.

Guatemala necesita enfocarse como Estado en recuperar la inversión extranjera, en desarrollar infraestructura pertinente y actualizada, en cultivar eficazmente el talento de cientos de miles de niños y jóvenes a través de una educación renovada y en erradicar la corrupción y el clientelismo, que han sido el gran lastre por décadas. El siguiente gobierno, que legalmente comienza el 14 de enero de 2020, pero tendrá un peso político tácito creciente a partir del 12 de agosto próximo, será quien herede estas tareas y tendrá que abordarlas con paradigmas distintos para obtener resultados mejores. Cualquier intento por socavar, interferir o interrumpir el proceso de relevo gubernamental legítimamente establecido raya con la imprudencia, sobre todo si se debe a intereses personalistas o sectarios, y sería un generador de incertidumbre, algo que en estos precisos momentos no se necesita.

El país continúa su marcha, acude a clases, va a trabajar o se sube al autobús atestado, con la esperanza de obtener un empleo; se erige en las sólidas columnas de un nuevo edificio de apartamentos o en un proyecto de vivienda; martilla su corazón en el taller de carpintería o murmulla a toda velocidad en los teclados de una oficina de contabilidad, diseño o universidad. Tan solo ayer se anunció una inversión de Q14.4 millones en el corazón de Cobán, Alta Verapaz, para construir una plaza comercial, y hace unos cuantos días se develaba el millonario proyecto de una fábrica de brochas en Palín, Escuintla, evidencia de que la patria camina al paso de los guatemaltecos de trabajo.

Los políticos y los funcionarios deben atenerse a los lineamientos legales de su puesto y nunca más deben creerse iluminados ni autócratas que se arroguen la potestad de decidir qué parte de la ley les conviene obedecer. El final del gobierno efecenista, con todo y las consecuencias acarreadas por sus manejos aviesos del poder, debería figurar un día en los libros de historia como el final de una etapa de democracia relativista, en la cual cada grupo que llegaba al poder convertía al Estado en su botín. Guatemala está en un punto álgido, pero no se trata de una abstracción ni de un concepto lírico: hay más de 17 millones de vidas en este territorio, muchas de ellas de niños y jóvenes con sed de futuro, muchas de ellas de emprendedores que se esfuerzan a diario, muchas de ellas de graduandos que van en busca de una oportunidad pero que dependen de nuevas decisiones, visionarias, responsables y transparentes.