En los hospitales que atienden a pacientes de covid-19 hay médicos y enfermeros que arriesgan la vida, y hay alguien a quien eso no le importa. Ese alguien puede ser el burócrata que no agiliza las compras de equipo de protección o el funcionario que no revisa los procesos para eliminar errores, señalar deficiencias o denunciar conflictos de interés. Explicaciones claras, documentadas y con consecuencias laborales, civiles o penales debe dar el Ministerio de Salud a la población en relación con los rezagos en adquisiciones, deficiencias en la provisión suficiente de equipos de protección hospitalaria, la demora en el procesamiento de pruebas de covid-19 y hasta el atraso en salarios.

Es tristemente emblemático el incidente ocurrido en el hospital del Parque de la Industria, cuando presentaron su renuncia 26 asistentes de terapia respiratoria, técnicos clave en la atención de pacientes, quienes a pesar del decreto de calamidad vigente aún no reciben el pago de sus salarios. Autoridades de Salud adujeron que el descontento se debía a un cambio de turnos, y no a los dos meses de pago que les adeudan, un argumento claramente burocrático que se parece al intento fallido y oficioso de la dirección de dicho centro por negar el reclamo de los médicos que el 12 de mayo exigían mascarillas y trajes aislantes adecuados.

Alguien debe responder por estas disfuncionalidades, que no son propias de un gobierno serio, sobre todo cuando ya pasaron dos meses de la emergencia o hasta tres, si se atiende a la afirmación del presidente Giammattei acerca de que ya en febrero se estaban empezando a preparar para el embate del coronavirus. Con la autoridad en él delegada, debe pedir cuentas a sus funcionarios sobre resultados, y no sobre excusas.

El tiempo apremia, y los casos positivos se siguen sumando. No hay justificación para manejos diletantes, negligentes o quizá dolosos de los procesos públicos de compra. El viernes se cayeron otra vez varios concursos para la adquisición de equipo de protección. ¿Quién es responsable? La burocracia no debe constituir un obstáculo para la eficiencia, y la eficiencia nunca será un pretexto para evadir la transparencia.

La nueva Comisión Nacional contra el Coronavirus debe tener entre sus objetivos el manejo logístico de las instalaciones, el monitoreo de los inventarios y el control de las adquisiciones, que pueden dejar de ser fragmentados —en compras directas menores a Q90 mil—, para conseguir no solo mejores precios, sino criterios mundiales de calidad. Una de las vías probadas para lograr agilidad y costos favorables para el erario es utilizar los mecanismos del Servicio de Naciones Unidas para el Desarrollo de Proyectos (Unops), ya empleados desde hace dos años, con notable ahorro de recursos, por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Prolongar el fraccionamiento de compras solo dejaría entrever otro tipo de intereses por parte de quienes lo objeten, ya sean funcionarios o personas ajenas al Estado que intentan sacar rédito al padecimiento de los guatemaltecos. Así también, los protocolos de tratamiento de probados resultados deben tener difusión y continuidad; cualquier intento por impulsar fármacos innecesarios o ineficientes resulta sospechoso.

El doctor Edwin Asturias llega al país para encabezar esta comisión por su experiencia internacional, y debe tener todo el apoyo político presidencial, porque no solo deberá combatir al coronavirus, sino factores que son un lastre atávico para el adecuado funcionamiento de las instalaciones de Salud, que son las que marcan la diferencia entre la vida y la muerte de muchos guatemaltecos.