Si las excusas fueran pan, el Corredor Seco ya no tendría casos de niños con desnutrición. Son un círculo vicioso, año tras año, gobierno tras gobierno, las justificaciones burocráticas, el endoso de culpas y las nuevas promesas de atención alimentaria a cientos de niños que son las mayores víctimas del drama de desempleo, cambio climático y pérdidas agrícolas que azota a familias campesinas en el oriente de Guatemala.

La crisis del coronavirus agravó el drama de caseríos como El Canal, aldea La Fragua, Zacapa, donde aún vive Gisele, una pequeña que a sus dos años de edad ha necesitado recurrentes visitas a un centro de atención nutricional. Se recupera, pero sus padres la llevan a los pocos meses debido a que en su casa solo hacen dos tiempos de comida consistente a menudo en tortillas con sal, cuando hay. Gisele tenía fiebre al momento de la visita de reporteros de Prensa Libre, pero no podía ser trasladada al hospital debido a la falta de dinero para pagar un vehículo y a las restricciones por el coronavirus. Prensa Libre la llevó al centro de salud.

Por si esto fuera poco, no hay monitoreo nutricional sistematizado desde el 25 de enero debido a un cambio en el sistema informático. El Ministerio de Salud afirma que se continúa con la atención de casos aunque en el Sistema Gerencial de Salud, en línea, solo hay datos hasta 2019 y según la respuesta enviada a este medio por dicha cartera, tal información estará disponible a futuro, pero a la vez aclara que será necesario “un tiempo prudente a los servicios para la verificación de datos, posteriormente a que la crisis del covid-19 termine y la atención vuelva a la normalidad”. El dramático cuadro de Gisele, como lo evidencia nuestra portada, no tiene ya ningún “tiempo prudente”.

Cierto, el coronavirus alteró todo y hay protocolos de prevención de contagio hospitalario. Pero debe crearse un mecanismo de atención médica inmediata de la desnutrición. Ni esta niña ni su aldea son las únicas bajo una ingente precariedad alimentaria. De acuerdo a su edad, ella nació a la mitad del gobierno pasado, el cual, con todo y su retórica nacionalista, rimbombante y polarizada, dejó que la desnutrición aguda avanzara y esta persistió sin mayor atención.

El argumento de la emergencia del coronavirus también tiene un alcance parcial, pues desde el primer día de este gobierno hasta la declaratoria de suspensión de actividades transcurrieron dos meses, en los cuales el Ministerio de Desarrollo, Agricultura o el de Salud bien pudieron accionar en las áreas de mayor riesgo de hambre, suficientemente mapeadas y diagnosticadas. El propio presidente Giammattei se comprometió en su discurso de toma de posesión: “Cuando pienso en Guatemala me asalta la imagen de una pequeña niña, muy cercana de morir por desnutrición, enferma e impotente, y a sus padres que le dijeron que la ayuda va a llegar, pero no llega, ni hoy ni la semana siguiente”, dijo la noche de aquel 14 de enero. Cierto, el problema viene de mucho antes, pero aquel mismo día expresó con vehemencia: “Ellos son el primer objetivo de este gobierno por los próximos cuatro años”.

La coyuntura no es fácil, pero así como hay abordajes estratégicos que marcan la necesidad de un retorno a la actividad productiva, debe haber un plan o al menos un intento estatal de retomar con intensidad el auxilio a todos esos pequeños. La inclusión de algunas de estas aldeas remotas y desposeídas en el reparto de cajas de víveres podría ser un rayo de esperanza.