Estados Unidos
EDITORIAL
Amenaza de bloqueos tras 10 años de inercia
Resistirse a prevenir para salvar vidas es tan obtuso como secuestrar la locomoción que defienden.
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Sin la más mínima señal de voluntad para cumplir la norma de reductores de velocidad ni de plantear alguna alternativa factible y efectiva, grupos de camioneros quieren tomar como rehén al resto de la ciudadanía guatemalteca al paralizar las carreteras el próximo lunes 23 de marzo, según anunciaron tras la negativa de bancadas legislativas a derogar o poner en moratoria el requisito aludido. Se trata de un abierto chantaje a las autoridades de los tres poderes del Estado, pero, principalmente, el Ejecutivo. No quieren poner controles a la velocidad de sus vehículos, pero sí quieren frenar de golpe toda la economía nacional, en un momento particularmente crítico. Tratar de eludir una norma, a todas luces necesaria, no les traerá apoyo de la población.
El secuestro del derecho a la locomoción es un abuso recurrente, emprendido en total impunidad por demasiados grupos, bajo demasiados pretextos y durante demasiado tiempo, pero dadas las también repetidas y graves tragedias viales, esta puede ser la coyuntura en que por fin haya consecuencias civiles y penales para los instigadores y partícipes de este intento por atentar contra una norma de seguridad vial.
Es probable que detrás de las declaraciones de voceros del sector haya intereses de personas o grupos que no se atreven a hablar de viva voz, pero que deberían hacerlo, no solo por la legitimidad de sus preocupaciones, sino para reforzar la posibilidad y capacidad de diálogo nacional en busca de soluciones a una realidad innegable y trágica: la mortalidad causada por accidentes de tráileres, camiones y autobuses extraurbanos. Seguramente existen vías de entendimiento o mecanismos para regular mejor la circulación pesada, pero en 10 años no se ha planteado nada claro, excepto el extremismo ilegal de los bloqueos.
Uno de los dirigentes que más han insistido en la amenaza —y también en la previa que llevó a una fallida condonación politiquera de la norma, en el Congreso— denunció en 2025 que ciertos grupos pagaban a camioneros para fingir desperfectos mecánicos en accesos a la capital para agravar el tránsito y causar desgaste a autoridades edilicias. Curiosamente, después de tal infidencia, tal tipo de incidentes se redujo. No queda lejos suponer que, con el pretexto de los reguladores y del viejo —y persistente— propósito de traerse abajo la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, de 2016, este bloqueo también busque agravar el desgaste de autoridades de turno.
Fue irascible el estado en el que salieron algunos representantes de transportistas del Congreso, luego de que se revirtiera el apoyo de varias bancadas a la moratoria en la vigencia de los reguladores, justo después de una mortal tragedia en la autopista Palín Escuintla. Uno de los argumentos más socorridos en contra de los limitadores de velocidad es el económico: el costo del aparato y de la instalación, afectaría a los “pequeños transportistas”. Es curioso que cualquier otro costo en combustibles, lubricantes o llantas lo
trasladen al usuario, mientras en este caso lo usan como una salida por la tangente. Pero hay otro costo, mucho más alto: el de las vidas perdidas de cientos de guatemaltecos en desgracias viales relacionadas.
Debe quedar claro que las amenazas de paralización vial no son contra el Estado, sino contra la ciudadanía misma. Sí, es vital el transporte de carga y de pasajeros, pero en condiciones seguras demostrables. Resistirse a prevenir para salvar vidas es tan obtuso como secuestrar la locomoción que defienden. La pregunta de fondo es: ¿qué valor les dan a las vidas de los guatemaltecos?
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