A hurtadillas, mientras el malhecho e inconstitucional decreto 18-2022 se cocinaba a fuego de polémica y división, avanzó la iniciativa de ampliación por Q3 mil 192 millones al gasto del Ministerio de Comunicaciones, aprobada la noche del martes, con 112 votos, incluyendo el apoyo de bancadas supuestamente opositoras y que en las próximas elecciones se venderán como tales, pero en realidad son bisagras chirriantes del oficialismo, en un inescrupuloso intercambio de favores por votos y eventualmente por obras clientelares. Ha ocurrido y se teme que vuelva a ocurrir.

El Ejecutivo afirma desconocer el origen de dicha iniciativa y se la endilga a los diputados, con lo cual se puede inferir claramente el trasfondo de este botín que invoca las necesidades viales del país pero no tiene un solo proyecto serio, visionario, digno. Más chapuces en carreteras al antojo de alcaldes o diputados, más contratos poquiteros pero que dejan tajada a contratistas allegados, más recapeos sin garantía ni suficiente calidad técnica que se van al primer aguacero. Ha ocurrido y es muy probable que vuelva a ocurrir.

El ministro de Comunicaciones salió a excusar algunas de las cifras y a la vez se lavó las manos sobre el origen de la iniciativa, presentada con la firma de tres diputados de la directiva oficialista. Horas después se consumó el reparto: Q1 mil 286 millones para Caminos; Q1 mil 748 millones para la Unidad de Conservación Vial (Covial), que solo efectúa reparaciones; Q120 millones para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y Q35 millones para el Fondo Social de Solidaridad: un bolsón voluminoso que contrasta con la lenta ejecución de recursos el año pasado y también en el 2022.

En el actual gobierno, el CIV ha gastado más de Q5 mil millones en carreteras, pero los resultados son magros y existen diversas rutas de intenso uso y de capital importancia económica que siguen bacheadas a pedazos, sin señalizar y con discontinuidades pasmosas. Cualquier discurso grandilocuente de diputados o funcionarios queda desmentido por el desigual avance de proyectos. Curiosamente, en año preelectoral ocurre este loteriazo que no apunta a mejorar la competitividad vial del país, debido a que no existe una lista clara de los proyectos.

Fue llamativo cómo el presidente Giammattei Falla se adelantó a anunciar las inconstitucionalidades de tamaño familiar de la ley 18-2022 e incluso la amenaza de veto, pese a que no había sido enviada del Congreso al Ejecutivo. En otras ocasiones, este lapso se aprovecha como dilación para emitir una respuesta respecto de otros decretos cuestionados. En igual forma, si es que le interesa la transparencia, podría adelantarse a pedir la supresión de este adefesio electorero o advertir un inminente veto, debido a que no fue consensuado, adolece de serias ambigüedades y además carece de elementales normas de transparencia.

Por otra parte, la Contraloría General de Cuentas podría emitir las recomendaciones pertinentes para colocar candados y condiciones al uso de fondos, a fin de evitar su utilización como argucia propagandística, tomando en cuenta que en ejercicios anteriores ha presentado reparos en rubros similares. Finalmente, la misma ciudadanía debe comenzar a responsabilizarse de su memoria política, a fin de auditar la conducta legislativa actual de los bloques políticos, los mismos que dentro de un año estarán apedreando al oficialismo del cual son aliados hoy.