El plan de presupuesto 2023 presentado por el Ministerio de Finanzas tiene toda la pinta de esas pujas cuyo postor tiene el máximo deseo de perder. Si bien el titular de la cartera, Álvaro González Ricci, resalta que se trata de un monto menor en Q500 millones al vigente, omite mencionar que este último se financió a base de préstamos de emergencia, acelerados por los efectos de la pandemia, cuyo uso no necesariamente fue para este fin. De hecho, esta semana la bancada oficialista destapó su intento de aislar más de Q11 mil millones de la debida fiscalización a cargo de la Contraloría General de Cuentas.

El monto del anteproyecto de gasto para el próximo año es de Q112 mil 295 millones. El egreso del 2022 cerrará en Q112 mil 717 millones, que es lo que quedaría vigente si fracasa la aprobación de la cifra pretendida, algo que ha sido frecuente en años preelectorales debido a la ruptura de alianzas y a la desbandada de partidos bisagra que intentan desligarse el oficialismo ante la inminencia de las elecciones. Pero si se toma en cuenta el presupuesto originalmente aprobado por el Congreso existe un desfase, pues en el 2021 se aprobó uno por Q106 mil 229 millones, a lo cual se sumaron las ampliaciones presupuestarias autorizadas este mismo año que lo elevaron al monto invocado por el ministro.

El pacto oficialista amplió vorazmente el gasto a instancias del Ejecutivo, so pretexto de la recuperación económica y la atención de los efectos de la pandemia: con ello creó entre otras cosas un botín vial de Q3 mil 191 millones, de claros tintes electoreros, sin respaldo técnico del Ministerio de Comunicaciones. En todo caso existe una pregunta apremiante respecto del nuevo despropósito gubernamental, que más parece un señuelo o un distractor: ¿cómo se va a financiar?

Y es allí donde salta un dato espeluznante: el déficit previsto para financiar este gasto exorbitante, ineficiente y antitécnico es de Q28 mil millones, cifra que puede ser aún mayor si las estimaciones de recaudación no se cumplen. Este riesgo es serio a causa de los impactos del entorno económico global, el alza de combustibles y las mismas deficiencias de logística e infraestructura sin subsanar.

Tal pretensión prácticamente convierte en mentira el siguiente enunciado: “Los recursos financieros son escasos, y por ese motivo priorizaremos el gasto público aplicando una política de austeridad en todas las instancias, para hacer más con menos, atendiendo la visión estratégica del país. Mantendremos niveles bajos de déficit fiscal para contribuir a la estabilidad económica, y el endeudamiento público lo orientaremos principalmente a la inversión productiva y no al funcionamiento como actualmente se viene haciendo” -página 54 del “Plan de innovación y desarrollo” difundido por el candidato Alejando Giammattei en el 2019.

Es improbable que en el último año de este período se concrete la ofrecida política de austeridad, de exigente calidad de ejecución y de apertura total a la fiscalización de recursos utilizados en gasto corriente e inversión. A esta contradicción se suma el ansia clientelar propia del “año de Hidalgo”, como se denomina al último de cada gobierno. En todo caso, la bancada oficialista y sus adláteres tendrán la opción de aprobar el desproporcionado monto planteado por Finanzas o dejar que se agote el plazo para que quede vigente uno mayor sobre el cual harán readecuaciones a su gusto y capricho. Eso sí, en junio del 2023 tendrán un encuentro directo con la ciudadanía, a la cual se resisten a rendir cuentas y a cuyas expensas se reparten millonarios bolsones.