La economía nunca miente, sobre todo en cuanto a las expectativas y reacciones ante determinadas coyunturas, a menudo inducidas por desaciertos estatales, decisiones que amenazan la certeza jurídica y hasta palabras que, como dice el proverbio, una vez pronunciadas no pueden regresar al silencio. El asedio judicial en contra de los resultados electorales tuvo su epítome el viernes último, cuando fiscales del Ministerio Público (MP), durante la conferencia para presentar indicios de un supuesto fraude electoral, emitieron su propio dictamen al exponer su postura de que los comicios deberían ser anulados.

Más allá de las opiniones a favor o en contra, el mercado internacional reaccionó con un nuevo desplome del valor de los bonos soberanos de Guatemala, la mayor caída en dos meses, aunque todavía no se sabe en qué punto se estabilizarán. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró que los resultados están oficializados y firmados; no obstante, la Corte de Constitucionalidad (CC) lleva más de dos semanas de retraso en resolver en definitiva un amparo provisional para garantizar la transición de poder al binomio electo por la ciudadanía.

Pero la caída en la confianza de los bonos nacionales no es el único efecto notorio de la crisis política ocasionada por el asedio en contra de los resultados electorales, que a muchos sorprendieron y que a otros asustaron, pero que al final de cuentas fueron los dictados por los votos ciudadanos, recibidos, contados y consignados también por miles de ciudadanos. Solo a una aspirante tres veces perdedora se le podría ocurrir señalar que hubo fraude porque fue derrotada, aunque que en los municipios donde sus candidatos ganaron otorga validez al proceso.

Diputados de esa bancada y de otras que avalaron el precipitado desafuero de cuatro magistrados del TSE fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos con la cancelación de visa para ingresar a dicho país. Tal aval contó con votos oportunistas de último momento, en una sesión blindada por barricadas policiales, con un dictamen producto de una pesquisa insuficiente, con audiencias a marchas forzadas, infidencias involuntarias y la denuncia de amenazas manifestada por el presidente de la comisión pesquisidora, quien afirmó de forma taxativa que la finalidad de todo el operativo era obstruir la toma de posesión del siguiente gobierno.

El tercer efecto internacional que se dio ayer a causa del asedio a la democracia guatemalteca fue la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo título es elocuente: “La instrumentalización del sistema de justicia y los graves riesgos para el estado de Derecho en Guatemala”, el cual califica como “indebidas” y “arbitrarias” las “injerencias” del MP bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, que “atentan contra el resultado de las elecciones generales y el proceso de transición”.

La CIDH volvió a alertar a la Organización de Estados Americanos acerca del peligro de un rompimiento constitucional si persiste el patrón de acciones, que se agravó en septiembre con los allanamientos y secuestro de material electoral, un momento que coincide con otra de las caídas de valor de los bonos guatemaltecos. La CC tiene un papel crucial en este momento, a solo 33 días para el relevo de diputaciones, alcaldías, presidencia y vicepresidencia. No le deben ninguna fidelidad a nadie, más que al pueblo de Guatemala.