Durante la pandemia se expandió el uso de herramientas digitales, sobre todo debido al crecimiento del trabajo desde el domicilio, la multiplicación de las videoconferencias, sesiones extendidas de equipos físicamente distanciados, impartición de clases en línea en todos los niveles educativos y un despegue sin precedentes del comercio electrónico a través de plataformas, redes sociales, banca en línea y aplicaciones. Según algunas estimaciones, la transformación digital se aceleró cuatro años en Estados Unidos, pero para países como Guatemala significó casi dos décadas reducidas a dos años.

Pese a ello, la brecha digital en el país sigue amplia y contraviene los propósitos de competitividad requeridos por las empresas y por los mismos planes de crecimiento impulsados por el Estado. Desafortunadamente ha sido el propio gobierno guatemalteco uno de los lastres para la puesta en servicio de nuevas bandas del espectro radioeléctrico. Ayer, finalmente se anunció la licitación de la banda denominada 5G, actualmente en boga en otros países para permitir mayores volúmenes y velocidades de intercambio de datos, elemento clave para la entrada en funcionamiento del llamado internet de las cosas, así como para posibilitar mejores servicios de la industria naranja establecida localmente.

La tecnología fue clave para mantener a flote la economía nacional durante los meses más angustiosos de la pandemia y puede ser un factor diferenciador de un despegue productivo en lo que resta de esta década. Lamentablemente, la anterior distribución de frecuencias de comunicación 4G quedó varada hace una década entre disputas y objeciones. Ahora se abre una nueva posibilidad con el anuncio efectuado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

Se hizo oficial ayer la convocatoria para efectuar la subasta de derechos de usufructo de frecuencias y coberturas para 5G y otras cuya asignación había quedado pendiente. De hecho, en el anuncio hay tres bloques de empresas interesadas en 48 frecuencias disponibles. Se espera que el proceso lleve de cuatro a seis meses, pero sobre todo es imperioso que se desarrolle con total transparencia, sin la menor sombra de tráfico de influencias, favoritismos o arreglos subrepticios. Por tratarse la SIT de un ente descentralizado, tiene total control sobre todas las fases del proceso, y por ello cualquier tipo de injerencia, interferencia o arbitrariedad se debería denunciar y sancionar.

Suficientemente caro ha pagado el país el rezago digital a causa de la parálisis en la asignación de la banda 4G, que se suplió a través de la utilización de otras frecuencias del espectro. No obstante la demanda de servicios electrónicos se ha disparado de tal forma que ya resulta insuficiente y pone a las empresas locales en desventaja frente a las de otras naciones en donde la 5G ya está distribuida o en proceso de asignación, con los correspondientes réditos y reservas para el Estado.

La subasta llega con marcado retraso, pero lo importante es que por fin se concretará. La implementación de las nuevas frecuencias debe servir no solo para la optimización de los actuales servicios de conectividad de personas y empresas; también debe formar parte de la mejora de los procesos educativos híbridos y una mayor extensión de la cobertura escolar en todos los niveles. Lo mismo cabe decir de los programas de telesalud y monitoreos preventivos a distancia, así como de la mejora sustancial de la cuentadancia gubernamental, que ya no tendrá más excusas para la lentitud, ya que los programas asistenciales, el monitoreo de proyectos o los gastos podrán consignar en tiempo real.