El Diccionario de la Lengua Española define la palabra “laberinto” como aquel lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida. La definición queda perfecta también para describir la situación a la que las autoridades de Educación y Salud han llevado el proceso de regresar a clases presenciales en Guatemala, suspendidas por la pandemia desde el 22 de marzo del 2020.

Los hechos son prueba de que no existe una estrategia clara por parte del gobierno para regresar a clases presenciales de forma ordenada y efectiva, pues de una disposición emitida el 10 de enero, donde permitía las clases en sistema híbrido cuando el semáforo de alertas estuviera en naranja o amarillo, pasó 14 días después a dejar libre y en decisión de los padres la asistencia a clases presenciales a los establecimientos privados sin importar el color que marque el sistema de alertas, el cual, en teoría, sirve como insumo para que la población conozca el avance de los contagios en cada municipio.

Luego de dos años fuera de las aulas, el regreso a clases presenciales, ya sea bajo la modalidad híbrida o por completo presencial, es uno de los temas prioritarios para millones de familias cuyos hijos están en edad escolar o a punto de graduarse y, hasta ahora, tanto para el sector público como el privado la información emitida por las autoridades es confusa y sus decisiones son reactivas, lo que provoca incertidumbre entre los padres y los estudiantes.

Es cierto que será decisión de cada familia enviar a sus hijos a las aulas o dejarlos por un tiempo más en modalidad virtual, pero el cambio constante de disposiciones —que parecieran antojadizas, producto de presiones y con poco sustento técnico y científico— impide que los padres y las instituciones educativas privadas puedan articular planes consistentes que les permitan retomar las clases de forma segura para toda la comunidad educativa.

No tener los protocolos y planes para educación en todos los niveles de alerta, luego de casi 24 meses de pandemia, es un contrasentido, cuando existen para el resto de actividades relevantes para la economía y para la sociedad, incluidos hasta la diversión y el ocio.

Por si fuera poco, como lo expone la nota publicada hoy por este diario, los colegios que deseen dar clases presenciales en cualquier nivel de alerta deben solicitar de nuevo la autorización a los ministerios de Educación y de Salud, que carecen de la capacidad operativa para hacer un trabajo eficiente. De casi 14 mil colegios registrados en el país, el año pasado solo 362 lograron una aprobación, 17 procesos fueron rechazados y 72 no consiguieron que su trámite terminara a tiempo.

A la fecha, y luego de un supuesto análisis con técnicos y expertos que anunció el Gobierno, la comunidad educativa desconoce los aforos y protocolos que deben atenderse para el regreso a clases en alerta roja.

El nuevo semáforo se dará a conocer de cara al 15 de febrero, cuando inicie clases la mayoría de población estudiantil en el sistema público, donde pese a tener casi dos años para prepararse, poco se ha hecho para alistar cientos de establecimientos para cumplir con medidas mínimas de higiene, protocolos de distanciamiento y conectividad para un modelo híbrido efectivo.