Una democracia auténtica debe ser participativa y todo proceso eleccionario debe estar abierto a todas las opciones, para que sean los ciudadanos quienes verdaderamente tengan la oportunidad de decir que sí a la opción de su gusto y, consecuentemente, dar la espalda a las que no ofrezcan buenos planes ni referencias convincentes.

En este orden de ideas, los mismos participantes en el proceso político deben adoptar una actitud de respeto y tolerancia entre sí, a pesar de las diferencias ideológicas y programáticas. El país lleva suficientes años de confrontación, por lo cual es necesario frenar esas dicotomías tan fácilmente sembradas por personas dedicadas a publicar mensajes en redes sociales bajo perfiles falsos, con el único objetivo de estigmatizar a quien piense distinto.

En todo caso, son las figuras políticas en contienda las primeras que deben dar el ejemplo de tolerancia a los planteamientos contrarios, pues la libertad de expresión defiende, precisamente, la posibilidad de poder emitir las propias ideas sin cortapisas. Urge que prevalezca como principio que sean los mismos partidos los que generen las condiciones de diálogo técnico, no ausente de emotividad pero tampoco carente de elemental urbanidad.
Por otra parte, no son solo los aspirantes quienes se deben un trato ético entre pares; es a la ciudadanía a la cual deben mostrar una actitud de consideración, empatía y respeto, no como cortesía interesada, sino como elemental cuestión de civismo.

El 11 de marzo último, 18 partidos aceptaron firmar un pacto ético promovido por el Tribunal Supremo Electoral. Nueve organizaciones se rehusaron a dicho compromiso, con diversos pretextos, incluyendo descalificaciones irrisorias hacia la entidad rectora del proceso. En el 2015 también hubo grupos que evadieron esta declaración, entre los cuales figuran los extintos Líder y Partido Republicano Institucional, que fue el nombre adoptado por el desaparecido FRG.

Tampoco firmó ni hace cuatro años ni en esta ocasión el partido FCN Nación. En 2015, el entonces candidato presidencial y secretario general, Jimmy Morales, declinó signar el documento aduciendo que existía otra agrupación llamada Convergencia, pero más paradójico resulta que el pacto de ese año contenía en una de sus cláusulas el compromiso de transparentar el financiamiento electoral, algo que su partido incumplió, al no presentar a tiempo sus informes y por lo cual tiene pendiente un proceso de cancelación, que quedó suspendido hasta que finalice el período electoral.

Finalmente, otra muestra de mínimo respeto a los electores debe ser la renuncia total a emplear recursos del erario en campaña, ya se trate de la utilización de vehículos oficiales, horas de personal o promoción de obra física, pues esto último constituye simple y llanamente una obligación de quienes desempeñan un cargo público. Deseable es también que quienes ocupen una curul en el Congreso de la República y aspiren a otro cargo presenten su dimisión inmediata o al menos pidan un permiso sin goce de sueldo, como elemental prueba de transparencia.

El pueblo de Guatemala vive un nuevo proceso eleccionario, pero no es simplemente uno más. Hay más atención a la trayectoria, coherencia ética y ofrecimientos cumplidos o no. Muy poco se puede justificar desde las tarimas si en los tres años anteriores se optó por oscuros pactos de espaldas a la ciudadanía.