Verdaderamente necesaria puede ser la construcción de un rompeolas en Puerto Quetzal para ampliar su capacidad, con miras a una mayor competitividad regional. Sin embargo, mucho más importante, urgente y prioritaria es la transparencia total para su estudio de factibilidad, licitación, adjudicación y supervisión, algo de lo cual adolece y constituye la principal objeción, debido a funestos antecedentes que han marcado millonarios proyectos, ya sea por sobrevaloración, mala calidad, subcontratación o reparto de comisiones ilícitas por amaños en los procesos.

No son una bicoca los Q477 millones que cuesta la oferta elegida por la Junta Calificadora, apenas el viernes último, pasadas las 21 horas. Por tratarse de un proyecto tan oneroso y a la vez tan estratégico, no basta con la escueta información provista hasta ahora. La sola naturaleza de las playas del Pacífico guatemalteco constituye un motivo para cuestionar la exactitud técnica de la obra, sus efectos colaterales y la capacidad documentada de ejecución de la empresa que ofreció concretarla en 547 días. Si bien EPQ es la entidad descentralizada a cargo del principal puerto del país, por volumen de carga anual, este proyecto sobrepasa su capacidad de decisión, por lo cual es acertada la postura asumida por la Contraloría General de Cuentas, que por fin parece despertar de su letargo para emprender una glosa oportuna del uso de los recursos públicos.

En general, se hace necesario un cambio de paradigma en el modelo de contratación de proyectos de infraestructura, que deben pasar del mañoso clientelismo y la salpicadura de indignas coimas a un escrutinio técnico de ofertas y oferentes a una planificación de largo plazo, así como una evolución que facilite la alternativa de alianzas público privadas ceñidas a la eficiencia, la calidad y el mantenimiento obligatorio durante el tiempo que dure la concesión.

Es inviable y nada competitivo que se inauguren retazos carreteros, de unos cuantos kilómetros, supuestamente remozados o recapeados pero que no tienen ni siquiera marcada la línea continua al centro y los lados, como mínimo requisito de seguridad vial. Esto se puede comprobar en la conexión entre Siquinalá y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, una ruta de primer nivel, de alto tránsito de mercancías y que conecta localidades turísticas.

Así también se mantiene la anomia estatal sobre proyectos que rebasen de una vez por todas los caducos cuellos de botella que se forman en localidades como San Bernardino y Cuyotenango, Suchitepéquez, los cuales implican prolongadas filas diarias, con la consiguiente lentitud, gasto inútil de combustible e impacto en la competitividad. Lamentablemente los hechos exhiben improvisación y falta de prioridades en el CIV, comenzando por los 500 metros de asfalto sin terminar en las proximidades del hospital Covid de Sta. Lucía Cotzumalguapa, en donde de cuatro carriles se reduce a dos: un burdo bache que ejemplifica dejadez.

Se debe reconocer que fue el fraudulento contrato de autopista sur, manejado durante la administración del extinto Partido Patriota, el que heredó este lastre al país. Todavía no se ha hecho justicia en contra de todos los exfuncionarios que lo urdieron ni contra todos los diputados que aprobaron aquel crédito interesado. Es allí donde se necesita el papel de una Contraloría ágil, desvinculada de intereses políticos, dedicada a velar por el mejor interés de los guatemaltecos y no a encubrir entuertos.