Aunque existen regulaciones para el transporte urbano de pasajeros, incluidos los taxis; pese a que las municipalidades están a cargo de supervisar la operación del servicio, que el transporte de pasajeros por una remuneración exige una licencia profesional tipo “A” y que se cuentan por cientos los casos de delitos relacionados con unidades no autorizadas, persiste la operación de cientos de vehículos livianos en malas condiciones, conductores con conductas aviesas, que cobran tarifas arbitrarias, cometen constantes abusos y hasta amenazan a los usuarios, como si se tratara de un mundo aparte, sin ley ni institucionalidad.

Las suspensiones y posteriores restricciones al transporte de pasajeros en autobuses, a causa de la pandemia, llevaron al cierre de múltiples líneas. Su servicio era a menudo objeto de críticas por el mal estado de las unidades, pero al menos tenía un costo previsible. En ese mismo lapso las autoridades ediles avalaron el uso de vehículos particulares como taxis, a fin de paliar la necesidad de traslado. Sin embargo, el remedio temporal se convirtió en un sistema permanente, pero sin mayor registro de propietarios, conductores, “ayudantes” ni monitoreos serios y documentados de la calidad del servicio o estado de los automotores.

Nadie se opone a la libertad de empresa, siempre y cuando cumpla con las debidas normas de seguridad, condiciones de dignidad y reporte de ingresos, como lo hace cualquier negocio lícito. Existen, en efecto, compañías de taxis inscritas en el Registro Mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria, las cuales deben competir contra fantasmas del volante al estilo “rápido y furioso” en vehículos con frenos rechinantes y luces nocturnas que a menudo no responden a estándares mínimos.

En el 2021 se estimaba que un 70% de taxis operaba de forma ilegal, sin registro de operación ni seguro de daños a terceros. Se volvió un negocio vertiginoso que ha sido utilizado por pandilleros para poner a circular unidades con el fin de lavar activos o, peor aun, ejecutar logísticas criminales. Hasta noviembre del 2023 se registraban 643 denuncias de delitos como robo, agresiones y violación vinculados a taxis ilegales. ¿Qué esperan las comunas y las autoridades de gobierno para poner orden en este caos?

Apenas ayer se produjo un incidente violento que exhibe el riesgo que entraña el descontrol. Un grupo de migrantes venezolanos abordó un autobús de Transurbano debido a que no quisieron o no pudieron pagar los servicios de varios taxistas piratas apostados en la terminal Centra Norte. Sujetos armados atacaron a balazos el bus en represalia, un acto criminal que puso en peligro todas las vidas a bordo y que debería marcar el fin de esta anomia en el transporte de pasajeros.

Es de esperar que al imponer reglas claras y necesarias se produzcan descontentos o acciones en detrimento de la población, como bloqueos de rutas o ataques a transportes legales. Sin embargo, el problema no desaparecerá con mirar hacia otro lado. Todas las autoridades involucradas, como la Dirección General de Transporte, las corporaciones ediles, la Policía Nacional Civil y su división de Tránsito, el Ministerio Público y el Organismo Judicial deben coordinar una estrategia para llevar a la regularización total del servicio de taxis. El Congreso también debe intervenir, pues la Ley de Transporte vigente data de 1946, con modificaciones que no alcanzan para hacerla eficiente y ponerla al servicio de los ciudadanos.