Estados Unidos
Editorial
Basta ya de marrullerías en el Consejo Superior Universitario
Si la CC actual se respeta y actúa en forma coherente, debería suspender las convocatorias del CSU y ordenar la actualización de sus representantes.
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A lo largo de su cuestionado período como rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos se ha resistido a renovar el Consejo Superior Universitario (CSU), debido a que su notorio talante despótico no resiste ninguna oposición y le rehúye. A través de ardides y dilaciones ha frenado la toma de posesión de representantes críticos y opositores legítimamente electos por unidades académicas. Mediante decretos improcedentes, avalados por sus corifeos caducos —literalmente—, intentó eternizar a su rosca. Ni siquiera una orden de la Corte de Constitucionalidad —que ha actuado extremadamente laxa, en comparación con otros en los que pide actualizaciones periódicas— ha movido a Mazariegos a respetar las normas y principios. En el Consejo Superior Universitario incluso hay representantes “estudiantiles” que ya ni siquiera son estudiantes.
Nunca se borrará la forma como Mazariegos llegó al cargo en el 2022, a través de la exclusión de delegados electos de varias facultades que apoyaban a contrincantes. Tras la suspensión de una votación, se organizó otra, en el Parque de la Industria como sede, la cual estuvo vigilada por individuos armados, precisamente para no dejar ingresar disidentes. El afán de perpetuar a integrantes del CSU plegados a sus designios confirma el fraudulento sistema.
El período de Mazariegos fenece en julio, pero antes de irse busca imponer dos codiciadas magistraturas —una titular y una suplente— de la Corte de Constitucionalidad. No está lejos suponer los intereses y tráficos de favores en juego. De hecho, en una junta secreta, sin previo aviso ni convocatoria pública, el CSU llamó a la designación de tales plazas. Pero ya hay acciones legales para invalidar esa acción, por la ilegitimidad de unos 20 integrantes.
El problema es que esta vez la apuesta le queda demasiado grande al rector, porque la autonomía universitaria no es ninguna licencia para la discrecionalidad o la ilegalidad. La CC es el máximo tribunal del país y, por lo tanto, la designación de sus integrantes necesita ser impoluta, en favor de la certeza jurídica, para no sentar precedentes nefastos y para representar con fidelidad la integración actual de la Usac, cuyos principios históricos van mucho más allá de las miopes ambiciones de un pequeño grupo, pues se trata de una comunidad integrada por más de 200 mil personas. El CSU es un ente colegiado que no puede ni debe estar por debajo de los estándares de representatividad y respeto a la democracia participativa: menos aún para incidir de forma tan dudosa como la actual en la historia del país.
El actual consejo superior mazariegoso convocó también a elecciones de rector, en las cuales él intentará lograr otro período de cuatro años. En una obvia treta sacada de la manga, para dificultar oposición, la votación se efectuará en Antigua Guatemala. Pero se le olvida que ya no está en los tiempos de Giammattei Falla. La participación de Mazariegos ya ensombreció la postuladora para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuya recepción de expedientes finalizó ayer, pero ya ha tomado temerarias decisiones como la de suprimir la fase de entrevistas. Hará falta ver cómo procede con la tabla de gradación.
Si la CC actual se respeta y actúa en forma coherente, debería suspender las convocatorias del CSU y ordenar la actualización de sus representantes. Por cierto, el Ministerio Público —que también ya está próximo al relevo de titular—, ya tendría que haber investigado, desde hace mucho, el desacato de Mazariegos a una orden del máximo tribunal del país. Pero no lo ha hecho.
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