Bloquear avenidas y carreteras atenta contra garantías constitucionales como la libertad de acción, de locomoción y de trabajo; al prolongarse tales prácticas, como ocurre con los taponamientos de rutas nacionales y algunas arterias capitalinas ejecutados desde el lunes 2 de octubre, se ponen en grave riesgo el derecho a la alimentación, a la educación, a la igualdad y a la seguridad e integridad personal. Se empieza a hablar de interrupción de clases presenciales, de desabasto de productos de consumo básico y combustibles en varias localidades, así como de enfrentamientos entre guatemaltecos que intentan cruzar los desesperantes bloqueos.

La táctica de cerrar el paso vehicular mediante barricadas de objetos, vehículos o grupos de personas es muy vieja, recurrente e implementada incluso por parte de grupos coaligados coyunturalmente con sucesivos gobiernos, ya sea para distraer, atemorizar o causar pérdidas deliberadamente para presionar por determinadas acciones y concesiones. Así ha ocurrido con supuestos exmilitares que exigían un pago exorbitante, sindicatos venales que reclaman beneficios o militantes partidarios que llegan a tornarse violentos, como ocurrió con las hordas eferregistas del Jueves Negro hace 20 años.

Bloquear vías públicas es un abuso, una arbitrariedad y una violación a la libertad ajena. Obligar al cierre de negocios bajo advertencia de represalias es una amenaza a las necesidades, propósitos o esfuerzos por salir adelante de conciudadanos que incluso comparten el mismo municipio o departamento. Tales acciones son un total contrasentido si la causa de la manifestación es la exigencia de respeto a la democracia, a los principios constitucionales y al estado de Derecho como en las actuales circunstancias.

Los cercos viales llevan una semana, pero deberían ser levantados hoy mismo. Se debe liberar las vías, no porque el asunto reclamado no exista, sino porque privar de derechos a los demás le roba fuerza moral a la demanda cívica, daña a las mismas comunidades y le resta apoyos tácitos en la opinión pública; golpea injustamente a sectores que continúan laborando en la agricultura, las ventas en mercados y locales comerciales, transporte de personas, traslado de bienes de importación —como las gasolinas— o movilización de embarques para exportación de cuya entrega o pérdida dependen empleos directos o indirectos.

Así como nunca faltan afiebradas mentes de la represión y la intolerancia, también es posible que en un movimiento se cuelen criterios extremistas que propugnen por mantener los taponamientos o incluso efectuar incursiones agresivas contra comercios que siguen funcionando. Pero eso ya rebasa o más bien abandona totalmente la causa por la cual se ejercen las garantías de libre expresión, de petición y de reunión. He ahí la fuerza ejemplar que tuvieron las concentraciones ciudadanas pacíficas del 2015 en la Plaza de la Constitución. Las manifestaciones actuales no perderán fuerza, pueden continuar en las plazas. Ganarán sentido si se liberan pacíficamente los caminos que todos los guatemaltecos utilizan, comparten y sufragan.

Es necesario reconocer que la Policía Nacional Civil ha tenido hasta ahora una actitud prudente y de resguardo a los manifestantes, incluso ante la provocación de hordas violentas. No hay necesidad de desalojos si los liderazgos son responsables. La fuerza ética del reclamo social, acuerpado por diversos sectores, contra la secuencia de abusos del MP y de un juez contra el proceso electoral radica en el respeto al derecho a ganarse la vida honradamente.