Estados Unidos
Editorial
Borrón despótico en la Usac es riesgo nacional
La desaparición de estos datos es sospechosa y atenta contra la integridad de registros públicos.
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Tal parece que en la Universidad de San Carlos se están emulando las tácticas del régimen sátrapa de Daniel Ortega en Nicaragua, el cual declaró despojados de la nacionalidad a más de 200 compatriotas, por ser críticos y opositores del régimen, algo improcedente, abyecto y necio, que no refleja poder, sino miedo. Por eso mismo resulta inaceptable, inadmisible y hasta legalmente punible la desaparición parcial o total de los registros de inscripción y cursos de unos 50 estudiantes sancarlistas, que de la noche a la mañana fueron despojados de sus registros académicos y de inscripción.
No fue un “error” ni un “accidente”, ni siquiera un incidente aleatorio, como se ha querido hacer ver, porque todos los afectados tienen en común ser parte de grupos y organizaciones opuestos a la continuidad del dudoso rector Walter Mazariegos Biolis, cuya legitimidad sigue en vilo, debido a impugnaciones aún no resueltas por la Corte de Constitucionalidad.
En política y en derecho existe una máxima sencilla y siempre comprobada: las coincidencias no existen cuando responden a un patrón. Si decenas de estudiantes disidentes aparecen súbitamente sin historial académico, con expedientes incompletos o inexistentes, la carga de responsabilidad civil y legal corresponde a quienes administran la institución. Para más inri, una versión de funcionarios obviamente alineados con Mazariegos adujo que la desaparición de expedientes fue causada por la toma de la Ciudad Universitaria entre 2022 y 2023. Casi sonaría plausible, excepto por un pequeño detalle: el borrón colectivo de datos con dedicatoria incluye a estudiantes con carné 2024, que ni siquiera estaban inscritos cuando ocurrió la situación mencionada. En otras palabras, hasta para inventar excusas son chambones.
En todo caso, el suceso apunta a dos realidades: hay negligencia o hay dolo y ninguna de las dos puede taparse, consentirse ni pasar sin consecuencia. Los afectados han actuado conforme a Derecho, al presentar memoriales individuales en los departamentos de Registro y Estadística para exigir explicaciones, pues tienen copias físicas de sus registros. Así también acudieron al Ministerio Público para denunciar formalmente los hechos y demandan que, como mínimo, el Consejo Superior Universitario redacte un informe público —conforme a la Ley de Acceso a la Información— sobre qué ocurrió, quién o quienes son responsables. Porque si pasó a unos puede pasarles a todos.
Por aparte, también hay denuncias contra integrantes del Consejo Superior Universitario que siguen ejerciendo cargos con período vencido, en usurpación de funciones y en desacato a una orden de la Corte de Constitucionalidad, que tampoco ha certificado lo conducente ni resuelto las impugnaciones.
La desaparición de estos datos es sospechosa y atenta contra la integridad de registros públicos. Es una agresión contra el derecho a la educación, el debido proceso y la certeza jurídica misma, porque ocurre en una institución pública. Dejarlo impune constituiría un precedente nefasto. Por ello resulta muy relevante el pronunciamiento unánime de un centenar de organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos deplorando la pérdida o el borrado de tal información. Ya que se menciona a la Procuraduría de Derechos Humanos, cabe señalar el tibio requerimiento de información efectuado por esta entidad. A estas alturas, la fiscalía correspondiente ya debería haber actuado para asegurar los servidores de datos e iniciado una auditoría informática para establecer qué fue lo que ocurrió con esos registros.
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