Botín de postulaciones marca elección del Cang
Como gremio profesional, debería prevalecer la discusión de ideas, de posturas académicas y de paradigmas respecto de cómo procurar un bien común para el país.
Con 45 mil integrantes, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) es la organización profesional de mayor incidencia en el devenir político y jurídico del país. Ello se debe mayormente a todas las delegaciones de cargos públicos a los cuales solo pueden aspirar graduados de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. De cierta forma existe una macrodependencia estructural del país hacia este gremio, el cual se convirtió en una especie de botín que detonó la creación de universidades —categorizables desde excelentes hasta mediocres— que a menudo surgieron con dos o tres carreras, una de ellas, Derecho, precisamente para tener posibilidades de más votos y fidelidades a la hora de las convocatorias y postulaciones.
Era predecible un alto número de planillas para participar en la elección de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios para el período 2025-2027. El relevo bienal siempre constituye un interesante medidor de las alianzas y los vasos comunicantes entre facciones aparentemente rivales, sobre todo porque esta directiva tendrá participación el proceso de postulación de la próxima cabeza de la Fiscalía General y jefatura del Ministerio Público, de los siguientes magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral y magistrados representantes del Cang ante la próxima Corte de Constitucionalidad.
Ya comenzó el desfile de perfiles, el cual incluye algunos de larga cauda que en otro tiempo tenían fama de ser solo operadores, mandaderos o intermediarios de favores. Quizá a causa de los temores generados por el repudio ciudadano a la corrupción y hasta por sus propios desgastes, ciertos figurones de estos han decidido ponerse los tenis para salir a participar en la media maratón de cortejar apoyos a través de una planilla que refleja concesiones e intereses.
Podrían ser dos las planillas participantes, y a la larga lo son. Luego de procesos de elección, siempre terminan definiéndose en una segunda vuelta que también denota filiaciones y quita las máscaras de previos rivales. Como gremio profesional, debería prevalecer la discusión de ideas, de posturas académicas y de paradigmas respecto de cómo procurar un bien común para el país; sin embargo, más temprano que tarde aparecen los clientelismos y las francachelas, como medio para tratar de atraer preferencias.
La votación del próximo 7 de febrero y el previsible balotaje del 14 de ese mes deberían, al menos, contar con una participación superior al 75% de agremiados, para asegurar representatividad y contar con una legitimidad fuerte. Ningún abogado o profesional de otras carreras asociadas a este colegio debería omitir su participación, para sentar nuevos precedentes de responsabilidad ante sí mismos, ante la ciudadanía y ante el Estado de Guatemala. Al final de cuentas, las decisiones que toma cada directiva del Cang marcan la historia de toda la comunidad nacional.
Como parte de su responsabilidad, el Cang, como entidad que representa las máximas aspiraciones del Estado de derecho, entre ellas la equidad y la probidad, debería establecer requerimientos de gasto electoral a todas las planillas. Es evidente que ciertos grupos cuentan con afinidades y apoyo de partidos políticos, poderes fácticos, magistraturas u otros cargos públicos. En primer lugar, no debería tolerarse el uso de ningún recurso público, de forma declarada o velada —lo más usual—, en favor de planilla o aspirante alguno. Hay casos de seminarios y cursos brindados por entes públicos, con claro fin favorable a sus patrocinados. Además, el control de recursos evitaría la infiltración de fondos provenientes de mafias del narco, la trata, el contrabando o el lavado.