La pandemia ha venido a complicar algunas condiciones preexistentes en el entorno económico, productivo y laboral de la región centroamericana. Eso quiere decir que, aún sin el azote del coronavirus, los Estados tienen ante sí varios frentes de trabajo relacionados sobre todo con la actualización legislativa, la desburocratización de trámites y la flexibilización del comercio, todo a fin de potenciar la competitividad de los países, que es a su vez la base de cualquier expectativa de crecimiento en el empleo.

Al analizarlo desde la perspectiva del tiempo y los repetidos fiascos políticos, resulta risible, por no decir irónico, el discurso trillado y reciclado de los candidatos a puestos de elección popular, especialmente al Congreso o presidenciables, en cuanto a ofrecer estrategias para la atracción de inversiones, fomentar el empleo formal, estimular el crecimiento de micro y pequeñas empresas, potenciar la producción agrícola e impulsar paquetes de leyes relacionadas con la agilización del comercio.

Los temas antes mencionados son torales, indispensables e impostergables, pero justo allí salta a la vista la contradicción de los otrora prominentes que de pronto resultan convertidos en fabricantes de excusas, detectores de obstáculos y alambiques de justificaciones coyunturales. La pandemia es, de hecho, uno de esos factores a los cuales se achacan los rezagos, engavetamientos y desfases, aunque no necesariamente todos los problemas estén relacionados con esa crisis ni necesariamente se van a resolver cuando esta termine. Es, por lo tanto, ilógico creer que iniciativas relacionadas con la recuperación, la competitividad o la actualización normativa deban postergarse.

Son oportunas y realistas algunas de las conclusiones del VII Congreso Laboral, en el cual se evidenció la necesidad de que las empresas evolucionen en cuanto a las posibilidades de prolongar el teletrabajo, aprovechar la capacitación tecnológica y mantener el dinamismo adaptativo a las condiciones cambiantes de un mercado directamente ligado a la transformación digital.

Si bien la aspiración de los países y de las empresas mismas es ampliar la capacidad de empleo formal, esto no depende solo de deseos o proyecciones privadas, sino de condiciones propicias para poder competir e innovar, lo cual incluye transparencia gubernamental, estabilidad jurídica y leyes actualizadas. Un ejemplo de estas carencias es que todavía no se reglamenta en Guatemala la aplicación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con el trabajo en tiempo parcial, una modalidad que no solo podría permitir el surgimiento de más plazas laborales, sino que además permitiría horarios flexibles para quienes desean trabajar y estudiar, así como la integración plena a un régimen de seguro social.

No es la única iniciativa pendiente de discusión y aprobación en el Legislativo, también están en lista de espera, desde hace mucho, leyes como la de infraestructura vial, la de competencia o la de creación de una autoridad portuaria, que están vinculadas directamente con la reactivación y el empleo. En lugar de ello, el Congreso ha llevado una agenda errática, distante de una estrategia técnica integral de desarrollo económico. Por si fuera poco, ahora el retraso en la adquisición y administración de vacunas se convierte en una amenaza creciente para la productividad, según la evaluación de dos respetadas calificadoras globales de riesgo. Es necesario actuar, y pronto.