Repetir en una nación las mismas acciones y esperar un resultado diferente es necedad, locura o simple ignorancia acerca de sucesos precedentes que devinieron en fracasos, pérdida de tiempo y un alto costo de oportunidad para la sociedad. En el caso de la competitividad y la atracción de inversiones, el descenso en la llegada de capitales ha sido marcado y, desafortunadamente, constante desde 2014.

Tan solo en 2020 la reducción en las inversiones foráneas, tan necesarias para generar empleos y potenciar un mayor crecimiento productivo, cayeron un 6%. Quizá puede parecer poco, pero si se toma en cuenta la histórica marca de US$1 mil 479 millones en 2013 y se le compara con los US$915 millones del año pasado, es evidente que Guatemala no está en el foco de los inversionistas, a causa de percepciones negativas, rezagos legales y fallos judiciales adversos.

Las empresas que podrían invertir por primera vez o incrementar sus activos en Guatemala optan por marcharse a otros países que les ofrecen certeza jurídica, estabilidad, reducción de trámites, seguridad civil democrática, institucionalidad sólida y, sobre todo, la garantía de transparencia en la conducción de asuntos públicos. Es triste decirlo, pero la percepción de corrupción en el país ha hecho muchísimo daño a la confianza de los inversionistas.

A pesar de la pandemia, la recuperación económica del país ha sido bastante rápida y las previsiones para el cierre del año son alentadoras, mas no suficientes para emprender un verdadero cambio en las condiciones de desarrollo humano, sobre todo de las comunidades de la provincia, en las cuales prevalece la ausencia de oportunidades de aprendizaje y de trabajo, lo cual detona la migración hacia Estados Unidos.

Justo allí engarzan perfectamente las declaraciones del embajador estadounidense William W. Popp, durante un foro empresarial, acerca de la necesidad de agilizar las condiciones adecuadas para la concreción de alianzas público-privadas para el desarrollo de obras de infraestructura en todo el país, que no solo se convertirían en fuentes de trabajo, sino en potenciadoras de competitividad sin un costo directo para el Estado, cuyos recursos siempre serán insuficientes para emprender todos los proyectos requeridos, largamente relegados por ignotas causas.

Uno de los ejemplos claros de esta necesidad es la autopista a Puerto Quetzal, que sigue en franco deterioro pero es imposible el abordaje del proyecto de reconstrucción por parte del Estado. Se propone una concesión para su remozamiento total, administración y mantenimiento con la modalidad de peaje, que ha probado su funcionalidad y viabilidad en la carretera de Palín a Escuintla. Oscuros conflictos de interés han entorpecido el avance de este decreto, que continúa varado en el Congreso, organismo que también tiene encunetadas varias leyes claves para crear condiciones diferentes y un marco moderno para la productividad.

El pacto oficialista actual, a imitación del anterior, ha preferido encerrarse en rencillas, soliloquios y agendas obtusas, mientras las cifras de inversión continúan cayendo. Es decir, quieren llegar a presumir de resultados distintos actuando como lo hicieron sus antecesores, y eso es, como se indica al inicio de este texto: necedad, locura o ignorancia. Sea lo que sea, debe resolverse, y pronto.