Es una tragedia la suspensión de toda actividad para deportistas guatemaltecos en cualquier evento del ciclo olímpico y es necesario resaltar el papel de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad en ello: Layla Lemus, ex secretaria privada del presidente Alejandro Giammattei y designada por él; Dina Ochoa, reelecta como magistrada de dicho tribunal por la alianza oficialista del Congreso, y Héctor Hugo Pérez Aguilera, nombrado por el Consejo Superior Universitario de la Usac en medio de la polémica por la elección como rector de Walter Mazariegos, afín al oficialismo, a través de exclusión de votos de cuerpos electorales.

Poco les importó a los magistrados la advertencia de suspensión al deporte guatemalteco anunciada por el Comité Olímpico Internacional (COI) si no se revertía el fallo emitido el 4 de agosto de 2022 y que suspendió la vigencia de estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) solicitados por el máximo ente rector del olimpismo global. Tal acción era improcedente, dada la autonomía constitucional del deporte, la preeminencia de tratados internacionales firmados por el país y también la carencia de personería jurídica del Tribunal del Deporte Federado (Tedefe), el cual solicitó el amparo en favor de una planilla que perdió la elección. El COI señaló el 31 de agosto como fecha para anunciar las medidas que tomaría.

El 23 de agosto se reunió el pleno de la CC para evaluar de nuevo el fallo. Dos de los togados se manifestaron a favor de permitir los cambios requeridos por aquel ente internacional, pero los tres magistrados ya mencionados se empeñaron en mantener la medida, con lo cual el COI señaló el 15 de octubre, es decir hoy, como fecha perentoria para dejar a Guatemala fuera de toda competición del ciclo olímpico.

Un grupo de deportistas, entre ellos medallistas de varias disciplinas, solicitó de manera respetuosa, atenta y vehemente, frente a la sede de la CC, el 30 de agosto, que reconsiderara su posición para permitirles participar en representación del azul y blanco, lo cual a partir de hoy es inviable y marca un día negro para el deporte nacional. Podrán competir, pero con la bandera blanca del olimpismo, como si fueran apátridas, un fuerte golpe al amor patrio que tanto entusiasmo y motivación suscita. En efecto, la CC ya los privó de asistir a los Juegos Centroamericanos, que iban a ser organizados entre Guatemala y Costa Rica del 27 de octubre al 13 de noviembre, pero fueron cancelados.

Son los deportistas guatemaltecos, de todas las edades y niveles, que tan arduamente se preparan para iniciar o continuar sus carreras quienes pagan la pugna por el manejo del botín multimillonario del deporte. En esta reyerta no hay bando bueno y no hay ganadores. Todo el país pierde en este pulso absurdo, abyecto y estéril que comenzó hace un año con las elecciones de directiva del COG.

Desde el inicio de este zafarrancho legalista, lo que menos les importa a las partes —y tampoco a los juzgadores— es la competitividad nacional, porque en tal caso habrían buscado otras vías de conciliación para dirimir las diferencias. Gerardo Aguirre busca mantenerse por tercer período consecutivo, con el apoyo de federaciones y directivos señalados de opacidad.
La otra planilla, encabezada por Jorge Rodas, ganó en un proceso plagado de irregularidades que llevaron a su anulación. Contaba con la hegemonía oficialista y la afinidad del Tedefe, que pidió un amparo que, paradójicamente, ha dejado desamparados a cientos de deportistas.