Ya de por sí es una vergüenza nacional la que propiciaron tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad al empecinarse en sostener un fallo, a todas luces improcedente y lesivo, que deja fuera del ciclo olímpico a todos los deportistas guatemaltecos al impedir la homologación de estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco con requerimientos del Comité Olímpico Internacional al cual pertenece, todavía.

La suspensión del COG, vigente desde el 15 de octubre, ocasionó la suspensión de los XII Juegos Centroamericanos y mantiene a los seleccionados fuera de campeonatos y eventos clasificatorios. La indolencia de la CC es elocuente pero puede convertirse en afrenta al pueblo de Guatemala si hoy falla a favor de dar posesión a la planilla cuya elección en 2021 fue anulada por irregularidades y que no es reconocida por el COG. Una sala les denegó el amparo, por improcedente, y así llegó a la CC, que debe desestimarlo. Si los favorece, estará lanzando al deporte guatemalteco al abismo porque acarrearía el riesgo de desafiliación nacional: nos convertiría en parias deportivos y se cortaría cualquier posibilidad de competición internacional para todos los deportistas guatemaltecos.

A estas alturas de la historia, deben andar con pies de plomo los magistrados de la CC, sobre todo aquellos con obvios vínculos oficialistas y, por ende, serios conflictos de interés que los deberían llevar a inhibirse de votar. De hecho, el 29 de septiembre último, dos semanas antes de la suspensión, el COG en funciones denunció a los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá, Leyla Susana Lemus Arriaga, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Néster Mauricio Vásquez por posibles delitos: resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad. Hasta ahora el Ministerio Público no emite reacción.

Como fondo oscuro a esta debacle está la pugna de dos planillas por acceder a los multimillonarios recursos constitucionales del deporte guatemalteco: una, la encabezada por Gerardo Aguirre, reelecto al frente del COG por tercera vez y caracterizado por su aversión a rendir cuentas sobre el uso de fondos del deporte, cuya elección se hizo con los nuevos estatutos; la otra, dirigida por el exfutbolista Jorge Rodas, señalada de contara con el apoyo de la rosca oficialista para hacerse del control del botín deportivo y que impulsa el rechazo de la reforma exigida por el Comité Internacional.

Son graves los vicios detrás del fallo de los tres magistrados que mantienen suspendidos los estatutos del COG: la falta de personería jurídica del Tribunal del Deporte Federado que interpuso el recurso, el incumplimiento de plazos y formalidades por parte de la presidencia de la CC y la violación del principio de autonomía del deporte establecida en la Constitución de la República. Lo más paradójico es que el fallo firmado por Ochoa, Lemus y Pérez Aguilera arguye inconstitucionalidades en los estatutos deportivos.

En esta grave crisis es notorio el silencio de las empresas integrantes del llamado Grupo de Amigos del Deporte Olímpico, cuya razón de ser queda eclipsada con la suspensión y quedaría totalmente anulada si el país es desafiliado. Es posible que decisiones cuestionables previas de la CC hayan pasado inadvertidas para la ciudadanía guatemalteca, agobiada por la penuria económica. Sin embargo, lanzar el deporte nacional a un agujero negro a causa de la ambición de un grupúsculo sería una necedad insólita que le robaría al ciudadano la alegría de ver triunfar a sus deportistas, pero sobre todo podría constituir un prevaricato flagrante ante el cual el MP tendría que actuar de oficio sin que medie antejuicio.