CC regresa a la pista de fallos olímpicos
Las próximas elecciones del COG y del Tribunal del Deporte Federado deberían contar con nuevos liderazgos.
La súbita declaratoria de inhibición de la magistrada Dina Ochoa pospuso, ayer, en la Corte de Constitucionalidad (CC) la discusión de un recurso de amparo solicitado por el exfutbolista Jorge Rodas, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) entre 2022 y 2023, quien reclama que hubo irregularidades en la asamblea en la cual fue removido del cargo el 16 marzo de 2024, con lo cual quedó presidiendo Gerardo Aguirre. Esta votación abrió paso para que, cuatro días después, le fuera levantada a Guatemala la suspensión de toda participación de sus deportistas, vigente desde octubre de 2022.
En otras palabras, nuestro país pasó más de 15 meses sin participación olímpica y estuvo a un paso de que la bandera guatemalteca no pudiera figurar ni en los desfiles protocolarios y menos aún en las ceremonias de premiación de medallas, precisamente en el año en que la tiradora Adriana Ruano obtuvo la primera presea de oro en la historia y Jean Pierre Brol trajera el bronce.
Esta pugna entre las planillas de Rodas y Aguirre se inició en 2021 y se agravó en 2022. Los magistrados de la CC Dina Josefina Ochoa Escribá, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Nester Mauricio Vásquez Pimentel y Leyla Susana Lemus Arriaga suspendieron provisionalmente los nuevos estatutos del COG —exigidos por el Comité Olímpico Internacional (COI)—. Esto llevó a la suspensión de la directiva de Rodas y del país. Temores rodean el nuevo recurso interpuesto por Rodas. Si llega a otorgarlo, incluso provisionalmente, podría poner al país en una situación similar a la que antecedió a la suspensión de octubre de 2022. Dina Ochoa se inhibió y como suplente entró Luis Rosales, quien pidió tiempo para analizar. Habrá que ver de qué lado de la historia quieren estar.
Quizá si el señor Rodas pudiera atisbar un poco más allá de lo obvio, probablemente estaría estableciendo la estrategia lícita, los diálogos constructivos y los proyectos concretos de mejora de infraestructura y procesos, a fin de constituir una planilla inteligente para poder competir en el próximo ciclo eleccionario, en lugar de querer tomar el atajo que condujo a Guatemala a un limbo que por poco la priva del emocionante momento de ver ondear la azul y blanco gracias a la primera presea dorada de la historia. Como si eso no fuera suficientemente desgastante y afrentoso, se insiste en un recurso que roza con el abuso de derecho porque, al buscar un beneficio personal, crea una situación potencialmente lesiva para los deportistas nacionales.
Por otro lado, no existen aún cambios de fondo en la rendición de cuentas de los ingentes recursos del deporte. Tampoco se destaca la planificación de nueva infraestructura o la renovación de procesos para la detección y promoción de talentos, becas y talleres en todas las disciplinas olímpicas. El propio presidente Bernardo Arévalo, quien efectuó la gestión inicial en el COI para el retorno de Guatemala a las competiciones, tampoco ha anunciado mayor seguimiento a los diálogos con el COG. Cierto, existe la autonomía constitucional del deporte, pero esto no debería ser obstáculo para una colaboración integral.
Las próximas elecciones del COG y del Tribunal del Deporte Federado deberían contar con nuevos liderazgos para frenar estas animadversiones miopes y estériles. Las federaciones deportivas y asociaciones departamentales tienen el importante papel de formar talentos, pero también de gestar potenciales directivos responsables, íntegros y leales a Guatemala, no a camarillas caducas.