Estados Unidos
Editorial
CC también significa en estos días: con cuidado
La Corte de Constitucionalidad tiene como misión mantener el respeto a la democracia. Punto.
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Con compromiso hacia el fortalecimiento del Estado de derecho: ese debe ser el norte magnético que oriente la selección de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad (CC) 2026-2021. Y se puede añadir: con convicción por la defensa firme de la institucionalidad democrática ante cualquier asedio fáctico, despótico e ilícito; con criterio debidamente informado sobre los antecedentes —acciones, omisiones, nexos y contradicciones— de cada uno de los aspirantes a ser magistrados de esa alta corte: un proceso que está en marcha y que implica también coherencia cívica, conciencia clara y ciudadanía crítica como significados paralelos y vinculantes de dichas siglas.
Las reelecciones y los reciclajes de perfiles con altos cargos anteriores no están prohibidos por la ley, pero tales aspiraciones deben ser sopesadas respecto de decisiones y desempeños previos, pues no se trata de un juego de sillas musicales en el cual gana quien más empuja cuando se acaba la música. La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal del país, y aunque a lo largo de su historia ha tenido algunos integrantes cuestionables y ha tomado decisiones hoy expulsadas del ámbito jurídico, ha mantenido abierta la senda democrática y vigentes las garantías plasmadas en la Carta Magna.
Por eso es relevante recordar que uno de los miembros de la actual magistratura que actualmente busca ser reelecto como titular por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) votó en contra del amparo que permitió la continuidad democrática en el 2023, amenazada por el asedio judicial emprendido por el Ministerio Público después de las elecciones. Al fin y al cabo, la Corte de Constitucionalidad tiene como misión mantener el respeto a la democracia. Punto.
La semana última comenzó una intentona para sabotear la votación del Cang para magistrado titular y suplente, convocada para el 4 de febrero. Se interpusieron recursos leguleyos e inéditos para excluir del sufragio a todas las otras profesiones afines que agrupa dicha entidad y que históricamente han participado en dicha definición, incluyendo a los actuales designados, cuyo período está por fenecer. Sobre las cualidades e idoneidad de los perfiles en contienda, son los miles de profesionales agremiados los que deben elegir, de manera consciente, con cuidado y congruencia.
La Corte Suprema de Justicia sigue enfrascada en sus disputas por la presidencia, y ello, en parte, se debe a la obligación perentoria de nombrar titular y suplente de la CC. Deben definirlo de manera pública los 13 titulares que la integran y en sesión pública, porque se trata de una decisión de impacto nacional. El Consejo Superior Universitario está incompleto porque una veintena de integrantes carece de legitimidad, por vencimiento de sus cargos, y eso no lo puede reparar ningún estatuto automodificado. No sería la primera vez que se atrasa su designación, y debe hacerse con transparencia.
El Congreso comienza hoy a recibir expedientes de aspirantes, y allí entra otro punto relevante: la elección de la CC no es una lotería de feria a dos o tres cartones, como para que los candidatos propongan su perfil allí pero también ante otros electores. Y lo mismo vale decir de quienes intenten saltar de un cargo a otro valiéndose de hilos conductores o subrepticios trasiegos de favores. La Presidencia de la República aún no convoca a la recepción de expedientes y, al igual que todos los nominadores, debe primar este principio: todos los actos de la administración son públicos.
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