Estados Unidos
EDITORIAL
Ciudadanía es presa de fallas penitenciarias
Estadísticamente, cada vigilante está a cargo de al menos 15 reclusos.
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La seguridad penitenciaria ha sido, durante demasiado tiempo, el eslabón más débil en el combate del delito. Los intentos por fortalecerla se han concentrado sucesivamente en las mallas, los cerrojos y los muros de centros de detención “de alta seguridad”, que paradójicamente no han detenido el crecimiento de operaciones criminales a lo interno de las cárceles: un completo absurdo porque de nada sirve sentenciar a extorsionistas, ladrones y asesinos a 10, 20 y hasta mil años de prisión, si desde dentro siguen coordinando gavillas facinerosas, ya sea trasladando órdenes a través de las visitas, o hasta de llamadas y mensajes de texto mediante celulares o incluso terminales de internet, trasegados una y otra vez.
La mención del enfoque en infraestructura no es una crítica al remozamiento ni a la construcción de nuevas instalaciones penales: son urgentes y necesarias. Pero que no sirven de nada las puertas más reforzadas si el personal que administra, monitorea y custodia tales centros carcelarios carece de profesionalización, de rumbo y propósito. Un guardia que lleva cinco o 10 años en el mismo puesto, pese a tener experiencia adquirida e información de inteligencia recopilada, no tiene posibilidad de ascender, porque simplemente no hay camino: no existe una carrera penitenciaria, tal como señala un análisis del Cien.
Hace casi 20 años, la Ley del Régimen Penitenciario estipuló la elaboración de un reglamento que ordenara los puestos y los ascensos de los guardias, a fin de premiar los aportes y logros, así como sancionar las conductas inadecuadas. Todavía no se ha hecho. Ni siquiera durante el cuatrienio presidencial del exdirector penitenciario Alejandro Giammattei Falla se avanzó, y eso que durante años de candidaturas sucesivas su manido discurso era sobre seguridad.
Sigue siendo sintomática la forma en la que aspirantes presidencialoides ofrecen medidas radicales contra la violencia, copiando el modelo de cierto vecino intolerante y engreído, sin caer en la cuenta de que ya no estamos en el siglo XIX, cuyos métodos emula tal personaje. Sí, existen reos que no tienen rescate y deben ser confinados para que no sigan siendo una amenaza pública. Pero también debe haber una oportunidad para la rehabilitación y reinserción, bajo estrictas exigencias, que ya han funcionado en varios países con reducción de gasto carcelario y de violencia.
Pero si la vigilancia carcelaria sigue a cargo de guardias agotados y sin rumbo, en contacto permanente con criminales que buscan corromperlos o intimidarlos, en centros penales sin clasificación de peligrosidad, se seguirán repitiendo las fugas, las extorsiones, las muertes en el interior de centros y también los agentes consignados. Estadísticamente, cada vigilante está a cargo de al menos 15 reclusos y de cierta forma esa es una valentía y experiencia que cabe aprovechar mediante formación técnica y oportunidades de especialización.
Sin escalafones, sin incentivos al buen desempeño, con directores y subdirectores colocados a dedo en cada gobierno, las cárceles seguirán siendo porosas. Guatemala posee a uno de los mejores expertos mundiales en rehabilitación carcelaria y manejo de centros de alta seguridad, Byron Titus. Trabaja en Estados Unidos y brinda asesoría en países como Colombia, España y Argentina; ha ofrecido su apoyo desde hace cuatro gobiernos. Ninguno le ha tomado la palabra, y las consecuencias desastrosas están a la vista. No entienden que la seguridad penitenciaria integral beneficia, sobre todo, a la ciudadanía: o tal vez sí, y existen aún quienes medran con este sistema penitenciario fallido.
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