A solo 11 días de que se cumpla un año del inédito, escandaloso y lamentable atraso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, primero por causa de las injerencias de operadores políticos y luego por la dolosa parsimonia de diputados oficialistas, resulta certera la observación del embajador saliente de EE. UU, Luis Arreaga, acerca de que tal retraso refleja los intereses de mafias que buscan torcer a su conveniencia la aplicación de justicia.

Sin embargo, más allá del barullo de tales gavillas, el diplomático —nacido en Guatemala y emigrante estudiantil a los 18 años— resalta el importante papel de la ciudadanía, que no debe quedarse callada ni resignada ante este tipo de atropellos. En entrevista, Arreaga resaltó los avances en la lucha anticorrupción, los retrocesos registrados durante el gobierno de Jimmy Morales y también la campaña polarizante implementada para distraer la atención y desviar del verdadero objetivo: continuar con la construcción de un Estado eficiente, que garantice salud, educación y desarrollo con probidad.

Cualquier otra lectura enganchada a prejuicios, estereotipos o epítetos ideológicos es simplemente inútil, y si bien la libertad de expresión garantiza incluso tales manifestaciones, bien hace el ahora exembajador, quien también llegó a ser encasillado por ciertos grupos extremistas, en declarar que tales “tonterías” no merecen atención. Y es que a pesar de tener prácticamente 50 años de residir en EE. UU. y estudiar hasta doctorarse en Economía para luego formar parte del Departamento de Estado, Arreaga tiene conocimiento de causa de la idiosincrasia guatemalteca y, como dice el dicho, “entre gitanos no se pueden leer las manos”, pero nunca perdió ni por asomo el decoro, la compostura y la sobriedad diplomática.

Gane quien gane en las elecciones del próximo 3 de noviembre en EE. UU., el apoyo a la lucha contra la corrupción en Guatemala es una de las grandes prioridades bipartidistas; es decir, no dependerá ni del mandatario electo ni de la mayoría demócrata o republicana en el Congreso, pues el deterioro causado por los sobornos, el tráfico de favores, la injerencia de negociadores de cargos y la infiltración de mafias en el Estado terminan por afectar los intereses de seguridad nacional de la potencia del norte y eso no es un supuesto ideológico, sino simple inteligencia estratégica.

Por otra parte, resulta bastante simbólica la coincidencia de la nueva caravana de migrantes hondureños que huyen de las precariedades de su país. Ocurre justo en el momento en que el tema migratorio es álgido en la contienda electoral estadounidense, pero también en un punto en el cual los gobiernos de la región se encuentran a raya frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, que vino a agudizar una crisis preexistente por falta de empleos, la pobreza y el azote de la violencia organizada: tres áreas en las cuales se enfoca la cooperación estadounidense para frenar las causas del éxodo.

En otras palabras, se necesita una justicia fortalecida y libre de injerencias para dar certeza jurídica, y esta a su vez abarca la seguridad pública en general, lo cual redunda en la posibilidad de prosperidad económica familiar y comunitaria sin temor a ser víctima de delincuentes, pandillas o narcotraficantes, quienes se valen de funcionarios venales y el debilitamiento de entidades a fin de torcerlas hacia sus abusivos fines. Si los políticos, los diputados y los funcionarios no comprenden eso, llega el momento en que la ciudadanía, a través de los canales institucionales y legales necesarios, debe recordárselos.