Estados Unidos
Editorial
Clamor por regulación que frene tragedias viales
Conducir un vehículo no es un derecho, sino un privilegio y, por ende, un acto de enorme responsabilidad civil.
|
La tragedia vial acontecida el sábado 10 de marzo último, en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, causó conmoción generalizada. El pesar compartido inundó las redes sociales. Junto con la condolencia hacia las familias de los guatemaltecos fallecidos se desató un indignado clamor por regulaciones de velocidad a los vehículos de carga y pasajeros. Pocos días antes del grave suceso, el pleno del Congreso le dio trámite a la iniciativa 6717, que busca retrasar hasta el 31 de marzo del 2027 la exigencia de dispositivos reguladores de velocidad, como una forma de prevenir riesgos carreteros.
El problema de fondo es que esta propuesta busca volver a aplazar la vigencia del artículo 2 de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, aprobada en el 2016, que establece esos reguladores y que sigue sin aplicarse. En una reacción timorata e imprudente, el diputado Luis Alberto Contreras Colindres, de la bancada Creo y a la sazón actual presidente del Congreso, ofreció el aplazamiento a un grupo de camioneros que amenazaba con emprender bloqueos carreteros como medida de presión. El 27 de febrero, dicho legislador les anunció la iniciativa a los descontentos, encabezados por un beligerante dirigente que suele liderar esta clase de exigencias.
La Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial se aprobó en el 2016, precisamente a partir de fatídicas tragedias, en un Congreso que sabía de la reacción ciudadana si no hacían nada contra este flagelo. Se dejaron dos años para la implementación, pero sucesivas administraciones de la Dirección General de Transporte, con obvio aval de los mandatarios de turno, fueron posponiendo la vigencia. Y los resultados mortales están en los registros noticiosos, a la vista de todos, y parte de la responsabilidad recae en esos exfuncionarios y exgobernantes.
El diputado Contreras no fue el único en darle el acelerón a la iniciativa 6717 en el pleno, en la copia digital de esta se pueden ver las firmas de otros legisladores: Teresita de León e Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Julio Portillo y Luis Aguirre, de “Cabal”; Elmer Palencia, de “Valor”; Carolina Cifuentes, de “Vamos”; Gerson Barragán, de “Viva” y otra firma, identificada solo como DM, de “Vamos”, y una más, ilegible, de un integrante de la bancada “Bien”. Pretenden los ponentes que se apruebe de urgencia nacional en un solo debate, lo cual requiere 107 votos.
En este momento y a la sombra de la tragedia en Escuintla, hará falta ver qué bancadas la apoyan y también si el sector persiste en su amenaza de bloqueos en detrimento de la ciudadanía. En efecto, el transporte de carga y de pasajeros es un pilar económico fundamental, que debe participar activamente en la discusión de medidas para mitigar tragedias, pero que no puede quedar libre de obligación perentoria efectiva. Por desgracia, otra obligación referente al transporte extraurbano, que obligaba a revisar el estado mecánico de las unidades, fue simplificada y llevada hasta un extremo anodino: presentar un informe emitido por un taller al gusto del propietario del automotor.
No se trata de poner en desventaja a ningún sector ni de ocasionar pérdidas en perjuicio de la eficiencia empresarial, pero tampoco puede proseguir la inercial ambigüedad que se convierte en incentivo perverso de insensateces. Conducir un vehículo no es un derecho, sino un privilegio y, por ende, un acto de enorme responsabilidad civil. Por eso, el Congreso debe discutir también una nueva Ley de Tránsito, integral, moderna, que contemple sanciones a la imprudencia, la indolencia o la simple impericia.
ESCRITO POR:
