Ejemplares sanciones contra pilotos de servicio extraurbano, de camiones y vehículos particulares cuya conducta ponga en riesgo a pasajeros, peatones y otros conductores deben implementarse en la Ley de Tránsito, como una herramienta legal para frenar, literalmente, la incidencia de percances tan lamentables como el del lunes 8 y el sábado 13, ocurridos en el área de Siquinalá, Escuintla, con cauda de muertos y heridos, cifras detrás de las cuales hay impactos humanos incalculables.

Ya el Estado dio muestras de debilidad desde la gestión anterior, cuando se frenó la puesta en marcha del control electrónico de velocidad, un requisito costoso pero necesario para poder asegurar un mínimo de moderación en el desplazamiento de vehículos pesados y autobuses. Las consecuencias de ese desorden están a la vista: más familias enlutadas, más personas hospitalizadas y más pérdidas materiales, que son insignificantes comparadas con las vidas segadas, pero aún así, no hay manera de que lo entiendan ciertos conductores irracionales cuyos patronos deberían exigirles una conducta vial adecuada.

En el 2020, a pesar de las restricciones de locomoción, que duraron varios meses, hubo mil 566 muertos y 6 mil 632 heridos en accidentes viales, según datos de la Dirección de Tránsito de la PNC. En fines de semana se produce un fuerte repunte de percances que a menudo están conectados con ebriedad y abuso de velocidad. Otro dato revelador es que en la ruta de la Costa Sur, la CA-9, ocurren casi seis de 10 de esos hechos, quizá por el intenso tránsito, por el trazo de la carretera e incluso por omisiones estatales imperdonables como la falta de señalización en determinadas áreas.

Varios tramos de la autopista entre Siquinalá y Mazatenango carecen de rótulos preventivos y de líneas blancas al centro y laterales, lo cual ocasiona percances al combinarse con la velocidad y la irresponsabilidad. En las proximidades del hospital para pacientes de covid-19 de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, hay un trecho de solo 600 metros que está inconcluso desde hace meses, lo cual reduce los carriles de cuatro a dos, sin mayor señalética, evidencia del descuido con que el Ministerio de Comunicaciones administra esa importante vía.

La PNC se ocupa con frecuencia de instalar insignificantes retenes con dos o tres agentes, para detener a motoristas y pequeños vehículos deteriorados. Frente a ellos suelen pasar autobuses raudos, de los cuales no toman placas ni hacen reportes para que los conductores sean apercibidos e incluso multados, más adelante, en ruta. Esas sanciones, sin embargo, tienen un efecto relativo, pues cuando se llegan a acumular, pilotos y ayudantes proceden a bloquear vías para evitar pagarlas, un círculo vicioso y una mortal ruleta.

El mayor peligro vial en Guatemala consiste en la creencia de que no hay consecuencias para quienes conducen contra la vía, rebasan en zona prohibida, sobrecargan los vehículos o corren como si los fuera persiguiendo el diablo, cuando en realidad va al volante. La Ley de Tránsito es otra de esas normas caducas que prolongan su ineficiencia gracias a la desatención de diputados y a la corrupción de algunos agentes que se hacen de la vista gorda luego de pagos entregados por ayudantes de unidades. La tecnología permite sancionar con prueba fotográfica y registro satelital a los antisociales de la carretera. A esos para quienes la vida de sus familiares, los pasajeros y sus compatriotas valen muy poco se les debe hacer entender que su necedad les puede salir muy cara.